Integrantes de la 68 Legislatura de Chihuahua aprobaron por mayoría de votos la proposición presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Carla Rivas Martínez, mediante la cual se exhortó a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Poder Judicial de la Federación y demás autoridades implicadas, para que atiendan y den trámite, en estricto apego al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, a las solicitudes formuladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Lo anterior, respecto a las acusaciones en contra de diversos funcionarios estatales, mandos de seguridad, autoridades municipales y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa presuntamente vinculados con delitos de narcotráfico, que de acuerdo con documentos judiciales y reportes en medios de comunicación, son conspiración para el tráfico internacional de drogas, importación de narcóticos al país vecino como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, uso y posesión de armas de uso exclusivo militar, conspiración para el uso de armamento.
Según autoridades estadounidenses, los funcionarios habrían colaborado con un Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo conocido como “Los Chapitos”. Protegieron operaciones del narcotráfico, evitando detenciones o filtrando información de inteligencia, facilitaron el tráfico de drogas hacia EE.UU., recibieron sobornos millonarios a cambio de protección institucional, permitieron control del crimen organizado sobre corporaciones policiales y de justicia; detalló la Legisladora.
Asimismo enfatizó que el planteamiento no prejuzga sobre la culpabilidad de las personas señaladas, sino que busca garantizar que los funcionarios que han solicitado separarse temporalmente de sus cargos se sometan a la justicia y no se utilice la licencia como medida para escapar de su responsabilidad penal, así mismo, que toda información relevante sea investigada conforme a derecho, fortaleciendo así el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la integridad de las instituciones públicas.
A la par, destacó que es fundamental respetar el principio de presunción de inocencia, pero también lo es el garantizar que quienes ocupan cargos de representación popular, mantengan una conducta intachable y se sometan a los más altos estándares éticos y legales.
Es por lo anterior que se hizo el llamado a las autoridades federales mencionadas, para que se dé seguimiento a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por el Gobierno de los Estados Unidos, conforme a los mecanismos de cooperación internacional vigentes entre ambas naciones, de los siguientes funcionarios estatales, mandos de seguridad, autoridades municipales y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa:
1. Rubén Rocha Moya
2. Enrique Inzunza Cázarez
3. Enrique Díaz Vega
4. Dámaso Castro Zaavedra
5. Marco Antonio Almanza Avilés
6. Alberto Jorge Contreras Núñez
7. Gerardo Mérida Sánchez
8. José Antonio Dionisio Hipólito
9. Juan de Dios Gámez Mendívil
10. Juan Valenzuela Millán.
