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Justicia argentina suspende reforma laboral de Milei

Justicia argentina suspende reforma laboral de Milei

 La Justicia argentina suspendió este miércoles los efectos en materia laboral del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas.

La medida, dictada por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto la semana pasada.

La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo IV del DNU que, entre otras cosas, extiende el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad y limita hasta casi anular el derecho a huelga u otras medidas de fuerza.

En su decisión, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestionó la «necesidad» y la «urgencia» del decreto de Milei.

«No se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas» y «lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían (…) razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo», argumentó.

Además, detalló que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores «tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral», en relación a las limitaciones de huelga y la anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente.

La suspensión es una medida provisoria hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso.

Presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40%, el mega decreto de Javier Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios.

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