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Bogotá. Los 17 colombianos presos en Haití acusados de participar en el asesinato del presidente Juvenal Moïse, no participaron en la fuga de millares de presos de la Penitenciaria Nacional de Puerto Príncipe, donde se encontraban el pasado sábado, y fueron trasladados a otro lugar de reclusión en la capital haitiana, informó la cancillería de Colombia.

“El traslado de los colombianos privados de la libertad, se produjo después de que la cancillería enviara una nota diplomática al gobierno de la República de Haití solicitando que se brinde especial protección e integridad de los nacionales presos en ese país”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un breve comunicado.

Tras el asalto al centro de reclusión más importante de Haití, algunas versiones sostuvieron que entre los miles de reos fugados figuraban algunos de los implicados en el crimen de Moïse, pero el comunicado de cancillería, así como los testimonios de familiares, confirmaron que los mercenarios colombianos optaron por no participar en el motín.

La abogada Sandra Macollins, quien representa a los ex militares colombianos detenidos dijo que sus defendidos están en una estación de policía y no descartó que sean liberados en las próximas horas.

Según Macollins, los mercenarios contratados para matar a Moïse se salvaron de ser asesinados durante la toma de la Penitenciaria Nacional por parte de bandas armadas dirigidas por alias Barbecue, quien -sostiene la jurista- quería hacer justicia por su propia mano para vengar la muerte del ex presidente.

“Los hombres de Barbecue mataron al jefe de seguridad de Moïse, que también estaba detenido, y los colombianos se salvaron de ser acribillados pues estaban en una zona más adentro de la cárcel a la que no pudieron llegar los asaltantes”, explicó la abogada.

Aunque la semana pasada se conoció que Mario Antonio Palacios, uno de los ex militares colombianos que hizo parte del comando mercenario que mató a Moïse, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Miami, la situación jurídica de los demás integrantes del grupo que cometió el magnicidio aún es incierta.

El proceso ha estado congelado desde hace varios meses en medio de un mar de confusas versiones de los hechos, basadas en el relato la viuda del ex presidente, quien pasó de ser testigo principal a sospechosa de complicidad en el crimen.

Alejandro Rueda, director de América de la cancillería colombiana, precisó esta tarde que los colombianos están en poder la policía judicial: “Puede ser transitoriamente. Lo que mas nos interesa es que sus vidas no corran peligro. La cónsul está pendiente de que se les respeten sus derechos humanos y que sean bien tratados”, dijo a medios locales.

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