Javier Luis Navarro Velasco debe entrar en funciones de encargado de despacho del gobernador de Nuevo León. El juzgado Tercero de Distrito en Materia del Trabajo con sede en la Ciudad de México fijó los términos para designar al sustituto temporal de Samuel García, y determinó que debe ser Javier Navarro, actual Secretario General de Gobierno, hasta en tanto el Congreso local cumpla la decisión del Tribunal Electoral Federal y nombre por unanimidad al sustituto del actual mandatario y actúe conforme lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública neoleonesa, que el designado pertenezca al partido Movimiento Ciudadano.
Lo anterior al conceder ayer a la una de la tarde una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 3656/2023, en la cual precisa que se otorga la suspensión definitiva para que no se cancelen o suspendan las prestaciones o remuneraciones laborales de que goza Javier Navarro, además de que no se ejecute por parte de autoridades policiacas o administrativas ninguna acción tendiente a «ordenar, ejecutar, la toma de oficinas del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, ya sea de manera pacífica o mediante el uso de la fuerza».
En el juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva «en los términos y para los efectos siguientes:
«El Congreso del Estado de Nuevo León realice la designación del Gobernador interino, en cumplimiento en lo ordenado en los artículos 65, 118, 121 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y el diverso numeral 22, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos para el Estado de Nuevo León y sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a fin de salvaguardar el equilibrio y consenso -acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir unánime y no por mayoría-, esto es, cumpliendo la obligación constitucional de respetar el sistema democrático y se respete la decisión popular del electorado, eligiendo una persona del partido político Movimiento Ciudadano para que continúe el programa de gobierno que representa el titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León; y el secretario general de gobierno funja como encargado del despacho del Ejecutivo Estatal hasta en tanto reasuma funciones el titular o en su caso, se designe el gobernador interino».
La resolución precisa que «no pasa inadvertido que la fecha en que comienza la licencia otorgada al gobernador constitucional del estado Samuel Alejandro García Sepúlveda, es el 2 de diciembre del año en curso, y por ende que en dicha fecha inicie la designación del gobernador interino, lo que pudiera hacer pensar que estamos frente a un hecho futuro; no obstante, esperar la llegada inminente de esa fecha para resolver lo que conducente provocaría, preciosamente, lo que se tiende a prevenir la suspensión, es decir, un daño trascendente y de difícil reparación que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad de Nuevo León».
De esa manera también canceló la designación realizada por el Congreso, cuyo nombramiento de gobernador sustituto recayó en Luis Enrique Suárez Orozco.
Antes de esto, por la mañana un juzgado federal en materia de amparo con sede en Reynosa, dejó sin efecto la suspensión que había obtenido Javier Luis Navarro Orozco, pues el 15 de noviembre la Sala Superior del TEPJF ordenó que el Congreso designara al sustituto.
Los diputados locales nombraron a Suárez Orozco, pero sin cumplir con el requisito de unanimidad.
En ese contexto, el ministro Javier Laynez, emitió una determinación para que ni Navarro ni Suárez fueran designados como encargados de despacho en sustitución de Samuel García, con esos argumentos el juez de amparo con sede en Tamaulipas, canceló los efectos de la suspensión definitiva, y posteriormente se dio a conocer la resolución del juzgado en materia del trabajo que fijó los términos en los que debe realizarse la designación del gobernador interino.
De manera independiente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en curso la resolución de dos controversias constitucionales, una de ellas presentada por el gobierno de Samuel García contra el nombramiento Suárez Orozco por no cumplir los requisitos que establecen las leyes de Nuevo León, y la segunda promovida por la legislatura local en contra del acuerdo por el cual se designó inicialmente a Javier Navarro.
