Ciudad de México. Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, identificado como uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue puesto a disposición de un juez federal con sede en el Centro Federal de Justicia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, y se encuentra preso en el Centro federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el estado de México.
El Cabo Gil fue detenido por primera ocasión en septiembre de 2015, con base en una orden de aprehensión obtenida sobre los señalamientos realizados por diversos integrantes del cártel Guerreros Unidos, también involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
De acuerdo con las indagatorias de 2024-2015 y que se pueden consultar en la página web de la Fiscalía General de la República (FGR), El Gil fue intermediario entre Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, y El Chucky, identificado como el jefe de sicarios de la organización delictiva.
Los agentes federales encontraron en el teléfono de Sidronio Casarrubias varios mensajes de El Gil en los que le informaba que tenía en su poder a unos ‘‘contras’’ (en referencia a Los Rojos, enemigos de los Guerreros Unidos, aunque los dos grupos fueron escisiones del cártel de los Beltrán Leyva), como supuestamente identificaron a los normalistas la tarde noche del 26 de septiembre de 2014, y por ello los habrían atacado.
Casarrubias le respondió vía otro mensaje de texto que procediera ‘‘como ya sabe, que los desaparezca’’.
López Astudillo recibió entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 a un grupo de los estudiantes en un paraje localizado en Loma de Coyote, ubicado a cuatro kilómetros de la casa del hoy detenido, y habría ordenado su ejecución.
Luego de permanecer preso casi cuatro años, El cabo Gil fue dejado en libertad. El 24 de agosto de 2019, el juzgado primero de distrito en procesos penales federales con sede en Tamaulipas, ordenó su liberación porque había sido presuntamente sujeto a actos de tortura, sin analizar si había pruebas obtenidas legalmente que acreditaran su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
En 2020 la fiscalía especial para el caso Iguala le otorgó el beneficio de ser testigo colaborador, y a principios de este año se reiniciaron los procesos en su contra. El Ministerio Público Federal obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra, por lo cual fue reaprehendido el jueves y ya se encuentra preso en el Cefereso número 1 en espera de que se defina su situación jurídica.
