Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público aprobaron con 56 votos a favor, once en contra y una abstención, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Establece en el artículo tercero transitorio que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, y no “conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, como lo señalaba la minuta remitida por el Senado de la República.
Por la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), se emitieron 26 votos a favor, 5 en contra y una abstención, y por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se obtuvieron 30 votos en pro, 6 en contra y cero abstenciones. El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.
Moreno Rivera recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, remitió al Senado el 15 de septiembre 2025 la iniciativa, cuyo objetivo es modernizar el juicio de amparo, garantizar que siga siendo un medio eficaz de protección de los derechos humanos y evitar abusos procesales que paralicen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.
Explicó que entre sus puntos principales destacan: limitar los efectos generales de las suspensiones, fortalecer el acceso a la justicia mediante medios digitales, agilizar la resolución de los juicios y revisar los criterios de interés jurídico y legítimo.
Mencionó que tras el análisis y discusión en el Senado la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde la Mesa Directiva la turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación.
Las juntas directivas de éstas acordaron elaborar un proyecto de dictamen y hacerlo del conocimiento de las y los integrantes de ambas instancias, modificando el régimen transitorio en los términos de la iniciativa de la titular del Ejecutivo, precisó.
Posicionamientos
La diputada Mariana Benítez Treviño (Morena) expresó que el amparo, por más de un siglo, ha sido el baluarte de la protección de los derechos humanos y el más importante medio de defensa que se tiene. Hoy –dijo– el Congreso tiene la posibilidad de fortalecer el amparo y devolverle su espíritu original, ser un instrumento de justicia, pero no una táctica dilatoria. Anunció que presentará propuestas de modificación en el Pleno, recogidas de las audiencias públicas, para mejorar la ley.
Por el PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela aseveró que con esta reforma se debilitan las defensas de los ciudadanos frente al poder, y ahora “traicionan al pueblo y le quitan derechos de protección ante las autoridades de cualquier poder, sea municipal, estatal o federal”. Se pronunció por realizar una reforma profunda del amparo, sin mermarlo.
A su vez, María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, Subrayó que el dictamen establece reglas uniformes, al evitar la dispersión en las formas de notificaciones, da certeza para enfrentar las decisiones judiciales y añade al interés de suspensión supuestos para que no proceda éste, especialmente cuando se trate de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita que puedan afectar al sistema financiero.
Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores consideró que los cambios representan un avance en la modernización del sistema jurídico, con el objetivo de hacer del juicio de amparo un instrumento más eficiente, transparente y accesible, que sirva verdaderamente a las y los ciudadanos; busca fortalecer el acceso a la justicia mediante la digitalización de procedimientos y no se restringen los derechos, por el contrario, se fortalece la protección colectiva.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) dijo que la propuesta es un grave retroceso en términos de pesos y contrapesos al destruir el juicio de amparo como última línea de defensa ante el ejercicio discrecional del poder. “Se restringirá la posibilidad de que organizaciones, comunidades o ciudadanos defiendan causas colectivas haciendo nugatorio el principio de acceso a la justicia”.
A su vez, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) se pronunció en contra de las adecuaciones, toda vez que limitarán el interés legítimo y la suspensión dentro del juicio de amparo, lo cual dejará en el desamparo a millones de mexicanas y mexicanos, al restringir la autonomía constitucional y concentrar el poder del Estado.
Orden del día
Previamente, la diputada y los diputados del PAN, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Federico Döring Casar, José Guillermo Anaya Llamas, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Elías Lixa Abimerhi y César Israel Damián Retes, dijeron no apoyar el orden del día, porque se violó lo acordado en la reunión de la semana pasada, respecto a solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las directrices y reglas de un parlamento abierto, y pidieron la relatoría y conclusiones de las audiencias públicas.
Por el PRI, los diputados Emilio Suárez Licona y Jericó Abramo Masso también rechazaron el orden del día y plantearon declarar la reunión como permanente, propuesta que fue rechazada por las comisiones. De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued y la diputada Patricia Flores Elizondo solicitaron declarar la reunión en sesión permanente.
También intervinieron los diputados Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), Reginaldo Sandoval Flores (PT) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), quienes solicitaron aprobar el orden del día en sus términos, el cual fue avalado en sus términos y por mayoría. Además, el diputado Moreno Rivera dio cuenta de lo que se acordó en la reunión de la semana pasada.
Posturas a favor y en contra
Al iniciar la primera ronda, el diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther (MC) mencionó que el juicio de amparo es el corazón de la defensa del Estado constitucional en México, ha permitido a las personas defenderse frente al poder y detener los abusos de las autoridades, pero preocupa que “las modificaciones no son meros ajustes técnicos, sino que representan un cambio estructural en el equilibrio entre el ciudadano y el poder público”.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) comentó que el juicio de amparo no desparece, sino que se busca delimitar y dar reglas claras para que no exista un abuso desmedido de esta figura jurídica. Asimismo, garantizar que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares sin vulnerar los derechos adquiridos.
Por el PRI, el diputado Jericó Abramo Masso indicó que se ha llegado a este debate “sin muchas cosas que presumir” y esta reforma a la Ley de Amparo retira derechos a las y los mexicanos, y “nos atrasa, no nos hace de avanzada”. En materia fiscal, se deja en indefensión a todas y todos porque a quienes tengan un crédito fiscal y no tengan el soporte en activos para pagarlo, los podrían meter a la cárcel.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, señaló que las adecuaciones brindan seguridad jurídica y dotan al juicio de amparo de protección más incluyente, responsable y técnicamente sustentada. No se elimina la suspensión sino se evita que sea utilizada para paralizar indebidamente funciones esenciales del Estado. Aclaró que presentará reservas en el Pleno “para redondear este proyecto”.
De MC, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre, indicó que la reforma no es para fortalecer derechos del pueblo, sino blindar al poder, pues el amparo es una herramienta contra los abusos de la autoridad, no un instrumento que solo sirve a delincuentes y poderosos; debilita el juicio de amparo, vacía el interés legítimo y elimina la suspensión.
Para el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) el dictamen a la minuta busca armonizar el marco normativo y los mecanismos de defensa en materia fiscal y administrativa, garantizando con ello un acceso efectivo, ágil y transparente a la justicia; se avanza hacia un sistema de justicia fiscal y administrativa coherente, humano y cercano a la gente.
El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez consideró que con el dictamen “se da al traste” a la suspensión provisional y el interés legítimo y colectivo, porque pretende proteger al gobierno cuando alguien se inconforme en su entorno particular o colectivo. Esa parte es lo que está mal en el dictamen, por lo que pidió tomar en cuenta las propuestas planteadas en las audiencias y no actuar apresuradamente.
Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, dijo que en el tema del amparo en línea no se puede exigir el uso de firma electrónica avanzada en todo el país, ya que aún no cuenta con una infraestructura informática universal. Propuso incluir un artículo transitorio que atienda expresamente la brecha digital y disponga que la implementación del juicio en línea se realice de forma gradual y progresiva, garantizando la igualdad en el acceso a la justicia.
Elena Edith Segura Trejo, diputada de Morena, señaló que el juicio de amparo es una de las instituciones más importantes que tiene el sistema constitucional, y con esta reforma no está muerto ni se acaba; por el contrario, se refuerza y se modifica para garantizar que los derechos de las mayorías no sean vulnerados por el de una persona que utiliza el amparo para beneficio particular.
A su vez, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) consideró que con el dictamen se desprotege a los que menos tienen para contratar un abogado y defenderse, complica y acota el acceso al amparo frente los abusos del poder. Lejos de ampliar la facilidad, agilidad y garantizar un menor costo, limita su implementación. “Hay que ajustar que la suspensión no sea el obstáculo; se debe proteger a la ciudadanía y al gobierno”.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) expresó que la reforma es congruente con la jurisprudencia, solo sistematiza y precisa los requerimientos para la procedencia del interés legítimo sin limitarlo. No se busca eliminar derechos, sino limitar a quienes han abusado de esta figura “y que no haya machotes del amparo”. Reconoció que hay cosas perfectibles en la propuesta y que presentará reservas en su momento.
Segunda ronda
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) argumentó que la reforma tiene cambios profundos en la forma como las y los contribuyentes pueden defenderse frente actos de autoridad fiscal y aunque se presente como una medida para aumentar la recaudación puede debilitar derechos fundamentales; elimina suspensiones automáticas, endurece los requisitos y obliga a garantizar montos.
Por el PT, el diputado Francisco Javier Guízar Macías expuso que estas reformas permitirán crear un modelo más humanista, equilibrado, digital y moderno que sirva a todas y todos, sobre todo a los que menos tienen, al generar nuevos elementos para que la justicia sea pareja y accesible. “Que el dinero no sea la diferencia entre quienes sí se pueden amparar y no”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó que la iniciativa es positiva para toda la gente y debe ser tomada de la mejor manera. “La regulación del procedimiento es a favor de las y los ciudadanos mexicanos. Creo que ha servido el amparo para avanzar en los derechos más progresistas de este país”.
Christian Mishel Castro Bello, diputado del PRI, expuso que el proyecto, lejos de fortalecer el Estado de derecho, lo vulnera; en lugar de corregir los errores de fondo, los ignora y altera principios fundamentales del juicio de amparo, una de las instituciones jurídicas más valiosas del constitucionalismo mexicano; no se busca modernizar ni eficientar la justicia, sino limitarla y “amarrarle las manos a los jueces”.
Del PVEM, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez manifestó que se moderniza el marco normativo y refuerza los principios de legalidad, certeza y equidad que sustentan la justicia; va más allá de cambios técnicos, representa una actualización institucional profunda, fortalece la confianza de la ciudadanía en los tribunales, reduce tiempos procesales y consolida la transparencia.
Para el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) la reforma causará un perjuicio a todos los mexicanos, pues no tiene sustento y busca proteger al gobierno, no al ciudadano. Recordó que el origen del amparo fue defender al pueblo de actos de gobierno y hoy se va a hacer a la inversa.
En opinión de la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena) el juicio de amparo ha sido una de las grandes aportaciones de México al constitucionalismo mundial, y la reforma busca preservar la esencia protectora del amparo al eliminar su uso abusivo para que sea un medio eficaz de protección de los derechos humanos y no un recurso dilatorio al servicio de intereses particulares; redefine el interés legítimo y acelera los plazos para dictar sentencia.
Eva María Vásquez Hernández, diputada del PAN, apuntó que la reforma tiene la intención de debilitar el único instrumento que le queda a la ciudadanía para defenderse del poder y las arbitrariedades del gobierno. Se controla la justicia al impedir que los jueces suspendan los efectos de leyes o actos de autoridad, “aunque estos sean inconstitucionales”.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) manifestó que con la reforma la justicia estará cada vez más cerca de las y los mexicanos. “Nosotros somos grandes aliados de un movimiento transformador que vela y velará por los intereses del pueblo de México”.
El diputado Federico Döring Casar (PAN) expresó que no hay abuso en materia de amparo y este lo que combate es el abuso de autoridad. “No les aceptamos que esta reforma sea para combatir la elusión y la evasión fiscal. No vamos a terminar de convalidar esta farsa y este fraude legislativo”.
Finalmente, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) planteó aprobar en lo general la reforma y dejar para mañana lo particular. Resaltó que se puede modificar la minuta, “ya hay una propuesta de reforma al artículo tercero transitorio en materia de retroactividad y esto rompe el candado de las minutas que no se regresan a la Cámara de origen”.
En votación económica, se acordó que las propuestas de modificación sean presentadas ante el Pleno. Además, se informó que los votos particulares serán incorporados como anexos en el dictamen.
