Con el objetivo de frenar el uso irresponsable de la línea de emergencias y proteger la atención oportuna de casos reales, el pasado 23 de septiembre se presentó una iniciativa para tipificar como delito las llamadas falsas al 911 en Chihuahua; propuesta impulsada por la diputada del PAN, Nancy Frías, quien busca reformar el Código Penal del Estado para establecer sanciones más severas ante esta práctica.
Al respecto, Julio Salas, director de Seguridad Pública Municipal agradeció la iniciativa de la legisladora. Y es que recordó que en lo que va del año se han recibido más de 300 mil llamadas, de las cuales, hasta hoy se tienen contabilizadas 51 mil falsas.
«Hay muchas llamadas de estar jugando con la línea y esta línea a nosotros como policías y bomberos, nos ayuda a salvar vidas. Sólo decirles que, no es una broma, usen correctamente el 911. Después me va a abordar un ciudadano que tenga una emergencia y me diga, no contestaron, porque se mantienen ocupadas las líneas de emergencia».
Salas González recalcó que se requiere hacer conciencia al tema de emergencia y es parte del salvar vidas.
La iniciativa
La diputada explicó que el mal uso del 911 no solo implica un retraso en la atención de emergencias reales, sino que también genera pérdidas millonarias en recursos públicos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada llamada improcedente tiene un costo promedio de 31 pesos, lo que a nivel nacional significó en 2024 más de 42 millones de reportes falsos y miles de millones de pesos desperdiciados.
“Una llamada de broma puede costar vidas, porque mientras los operadores atienden un reporte falso, otra persona que realmente necesita ayuda queda en espera. No podemos seguir normalizando esta conducta, por eso proponemos sanciones proporcionales que disuadan a quienes ponen en riesgo la seguridad de todos”, señaló Frías.
La iniciativa plantea sanciones de seis a doce meses de cárcel y multas de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen falsas llamadas de emergencia. Además, prevé incrementar las penas cuando estas acciones provoquen movilización de cuerpos de seguridad, daños o lesiones, y establece la obligación de campañas de concientización ciudadana para prevenir este problema.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora agradeció el trabajo conjunto con el Licenciado Jorge Arturo Muro de la Rosa, Director General del C7, quien acercó la necesidad de esta reforma.
