En representación de sus colegas, tres maestras acudieron este día al Congreso del Estado para entregar más de 4,700 firmas en apoyo a la iniciativa del diputado local de Morena, Pedro Torres, con la que pretende sancionar a quienes acusen falsamente a trabajadores de la educación, lo que ha provocado incluso hasta suicidios.
Se trata de las maestras Dalila Flores, Clara Iturralde y Marcela Rodríguez, quienes denunciaron que los maestros, tanto de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, han sido acusados falsamente en múltiples ocasiones, y aunque sea falso, “el estigma queda para siempre”, por lo que señalaron que esta iniciativa visibilizará este problema social.
“Soy maestra, docente frente al grupo. Hace unas semanas, nosotros, ante la desesperación de que han ido incrementándose los casos de acoso y difamación para los maestros, nosotros nos acercamos al diputado pidiéndole que presentara una iniciativa que nos apoyara. Y posteriormente a ello, se empezaron a comunicar muchos maestros, así que nosotros decidimos hacerle un movimiento porque se comunicaron muchos maestros que estaban teniendo esa dificultad, que estaban siendo difamados. Que estaban siendo amenazados y entonces decidimos convocar a la ciudadanía en general a través de los medios digitales para que si lo deseara nos apoyara con firmas para darle celeridad. Entonces hoy queremos entregar al diputado más de 4,700 firmas de trabajadores de la educación. De padres y madres de familia y de ciudadanía en general que están apoyando esta iniciativa que presentó el diputado”, informó Dalila Flores.
Se trata de una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado, con el objetivo de garantizar la protección integral, la dignidad y la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación ante denuncias infundadas y actos de violencia institucional o digital.
Por lo que el diputado morenista propuso adicionar la fracción X al artículo 131 de la Ley Estatal de Educación para establecer como obligación de las madres, padres o de quienes ejerzan la tutela, guarda y custodia conducirse en todo momento con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo de las instituciones educativas, absteniéndose de realizar actos de intimidación, difamación o violencia verbal o física que atenten contra su integridad o dignidad profesional.
