El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación entre ambos países permite llevar ante la justicia a traficantes de armas, luego de que autoridades estadounidenses anunciaron el desmantelamiento en Arizona de una red dedicada presuntamente a la adquisición ilegal y el contrabando de armamento hacia organizaciones criminales en México.
“Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego”, señaló Johnson en su cuenta de X.
El embajador vinculó las acciones con la política del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el tráfico ilegal de armamento y destacó la colaboración con las autoridades mexicanas.
“Estas acciones demuestran el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas. Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras. Hasta ahora, esta Administración ha decomisado más de 50,000 armas de fuego, y aún no hemos terminado. #JuntosLogramosMás”, escribió Johnson.
Las declaraciones del embajador se produjeron después de la Oficina del Fiscal del Distrito de Arizona informó sobre una investigación de dos años que derivó en el desmantelamiento de una red dedicada a adquirir ilegalmente armas de fuego en Estados Unidos para introducirlas de contrabando a México.
La operación conjunta, coordinada bajo la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), culminó con la presentación de cargos criminales contra 28 personas.
De acuerdo con la acusación formal de 158 cargos emitida por un gran jurado federal en Phoenix el pasado 21 de julio de, la principal red era encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de esa ciudad.
Según las autoridades estadounidenses, Castro y varios presuntos co-conspiradores -entre ellos Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Perez- reclutaban a compradores testaferros, conocidos como straw purchasers, para adquirir armas en establecimientos con licencia federal en Arizona a cambio de compensaciones económicas.
Después, supuestamente Castro comercializaba las armas para obtener ganancias, con conocimiento o motivos fundados para creer que serían exportadas ilegalmente de Estados Unidos hacia México. Entre el armamento traficado mediante este esquema figuraban pistolas Glock 19 y fusiles tipo AK.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para la compra ilícita de armas con fines de comercialización sin licencia, declaraciones falsas durante la adquisición de armas de fuego, distribución ilegal y conspiración para el tráfico de armamento.
