El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje para México, y la recomendación para sus ciudadanos es clara: evitar o extremar las precauciones en 30 de las 32 entidades del país. Solo Campeche y Yucatán fueron considerados seguros para visitar en esta evaluación anual.
En el caso de Chihuahua, alertó viajar a Juárez, la zona noroeste, así como la región de Ojinaga.
En esta última actualización, el gobierno estadounidense reitera su llamado a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y Zacatecas, citando los altos índices de delitos violentos y secuestros que se registran en estas entidades. Además, pide a sus ciudadanos que reconsideren cualquier plan de viaje a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, y ahora Chiapas, que empeoró su calificación de seguridad y, por primera vez, se suma a este listado.
El Departamento de Estado justifica su alerta argumentando que “la delincuencia violenta —como homicidios, secuestros, robos de coches y atracos— está muy extendida y es común en México”. La capacidad del gobierno estadounidense para proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos es limitada en muchas zonas del país, especialmente porque los viajes de los empleados del gobierno de Estados Unidos están prohibidos o restringidos en ciertas áreas.
Las restricciones para los empleados del gobierno de Estados Unidos en México son estrictas: no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden usar taxis callejeros y deben confiar en servicios regulados o aplicaciones como Uber. Además, deben evitar viajar solos, especialmente en zonas remotas, y no se les permite conducir desde la frontera sur de Estados Unidos hacia el interior de México, salvo por rutas específicas y solo durante el día.
En contraste con la mayoría de los países, para los que el Departamento de Estado emite una evaluación de riesgo general, México es evaluado estado por estado. Este enfoque subraya la complejidad y diversidad de la situación de seguridad en el país, y refleja la preocupación de Washington por los niveles de criminalidad y las limitaciones de respuesta en distintas regiones mexicanas.
