La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy a la Cámara de Diputados las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que la nación recupere el derecho humano al agua y se combata el mercado negro en torno a este vital líquido.
Estas dos iniciativas son “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno”, para que el agua se convierta en un instrumento de la nación de nuevo, dijo la mandataria, tras recordar que en 1992, Carlos Salinas de Gortari cambió la Ley de Aguas para convertir las concesiones en una mercancía.
Ahora se regularizarán y el Estado será el único responsable para manejarlas, de manera que ya no se les darán otros usos, como actualmente ocurre.
“Es concesionar con esquemas de mucha facilidad en Conagua (Comisión Nacional de Agua), ordenados, eficientes, muy transparente”, sostuvo.
Efraín Morales, director general de Conagua, indicó que con la Ley General de Aguas se establecen las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
Se definen los planes, programas y estrategias que contengan las acciones y medidas para garantizar ese derecho y también las competencias de los tres niveles de gobierno en materia de formulación e instrumentación de la política hídrica.
Asimismo, se reconocen los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico, sin fines de lucro; se prevé la existencia de sistemas comunitarios de agua bajo la coordinación de núcleos y comunidades indígenas.
Explicó que con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales se ordenarán las concesiones, no será posible transmitir títulos entre particulares, toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad del agua; elimina los cambios de uso, crea un nuevo registro nacional del agua y da certeza jurídica para todos los usuarios.
Para combatir el uso indebido del agua se fortalece el procedimiento para la imposición de sanciones y multas, y las incrementa.
Se crea, además, un capítulo de delitos hídricos: explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites; desvío ilegal del flujo o cauce natural; las penas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
También se creará el Fondo de reserva de aguas nacionales.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, resaltó a su vez que defender el derecho humano al agua es resistir al extractivismo, al despojo y al cambio climático con presupuestos éticos ambientales y humanistas.
Señaló que se dotará a la sociedad mexicana de un marco jurídico integral adecuado y equitativo que norme y coordine el quehacer de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, garantice la participación ciudadana en la planeación, programación y gestión del agua para uso personal y doméstico.
Resaltó que se tomaron en consideración opiniones y propuestas recogidas en los foros de discusión que se llevaron a cabo en los meses de febrero y marzo del presente año en las 13 regiones hidrológicas del país.
