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“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna?”: Estrada a Maru Campos

El coordinador de morena señala contradicciones en las declaraciones de la gobernadora sobre el exfiscal César Jáuregui y pide que las posibles responsabilidades se determinen conforme a la ley, no bajo criterios políticos de perdón.

Chihuahua, Chih.- La declaración de la gobernadora María Eugenia Campos sobre su exfiscal César Jáuregui Moreno abre una pregunta central sobre la responsabilidad de quienes encabezan el Gobierno de Chihuahua: si la mandataria no estaba enterada de los hechos investigados, ¿quién estaba a cargo de supervisar a la Fiscalía General del Estado? Así lo cuestionó el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, al advertir que desconocer los hechos no elimina, por sí mismo, las posibles responsabilidades de una autoridad.

“Si no estaba enterada, ¿quién gobierna?”, planteó el legislador, al señalar que la Fiscalía depende del Ejecutivo estatal. Explicó que, si la gobernadora desconocía lo ocurrido, debe aclararse cómo funcionaban los mecanismos de supervisión; pero si tenía conocimiento, también corresponde investigar qué responsabilidad pudo tener. En cualquiera de los escenarios, sostuvo, la declaración de la mandataria no sustituye las investigaciones ni resuelve las interrogantes sobre su actuación.

Estrada Sotelo destacó que las declaraciones recientes de Campos contrastan con las negativas que, durante semanas y meses, hicieron ella y sus funcionarios respecto a los hechos. Para el coordinador parlamentario, que ahora se reconozca la existencia de investigaciones constituye un cambio relevante en el discurso oficial y obliga a esclarecer por qué anteriormente se rechazaba públicamente lo que hoy se admite.

El diputado subrayó que la existencia de carpetas de investigación debe traducirse en resultados y no quedarse en declaraciones públicas. Señaló que corresponde a las autoridades competentes establecer si hubo conductas ilegales, identificar a las personas involucradas y determinar, con base en las pruebas, las responsabilidades que procedan. También reiteró su postura de que las investigaciones mencionadas en el ámbito estadounidense deben analizarse a la luz de las competencias legales correspondientes, sin anticipar conclusiones sobre el fondo del caso.

Respecto a la afirmación de Campos de que Jáuregui Moreno habría sido responsable de la mala relación con el Gobierno Federal, Estrada cuestionó que se pretenda explicar cinco años de relación institucional a partir de un conflicto que, según señaló, surgió en 2026. “Si la gobernadora dice que esos cinco años son culpa del fiscal, yo no sabría decírselo. A mí me parece que no”, expresó, al preguntar qué explicación existe para la relación entre ambos gobiernos durante 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Añadió que una relación institucional que no alcanza el nivel de coordinación que Chihuahua necesita termina teniendo consecuencias para la población.

El coordinador de morena también cuestionó que la gobernadora califique como “imperdonables” los hechos atribuidos al exfiscal. Sostuvo que la procuración de justicia no debe depender de valoraciones personales ni de quién merece o no el perdón, sino de procedimientos legales que permitan esclarecer los hechos. “¿Quién debe determinar las responsabilidades del exfiscal, de otros funcionarios o de la propia gobernadora? Primeramente, una fiscalía y después un tribunal”, señaló.

Estrada Sotelo insistió en que el punto central es determinar si se violó la Constitución o la ley y, de ser así, aplicar las consecuencias que establezca el marco jurídico. La discusión, dijo, no puede reducirse a deslindes políticos ni a declaraciones que busquen cerrar anticipadamente un asunto que debe esclarecerse ante las instancias correspondientes.

Finalmente, sostuvo que las explicaciones de la gobernadora deben contrastarse con los hechos y con los resultados de las investigaciones. Para morena, la exigencia es que se conozca la verdad, se esclarezcan las posibles responsabilidades y se garantice que ninguna persona quede al margen de la ley por el cargo que ocupa o haya ocupado.

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