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México

“Resoluciones no buscan el aplauso, sino preservar la justicia”: Norma Piña

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, reiteró su defensa de la autonomía del Poder Judicial Federal (PJF) y advirtió que ante los embates que ha enfrentado en el último año seguirá trabajando para consolidar los contrapesos del Estado mexicano.

Al rendir su Primer Informe de Labores y en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que sí acudió a los cuatro informes del ex ministro Arturo Zaldívar, la ministra Piña Hernández agregó que la justicia es una responsabilidad de Estado y no solo un monopolio del Poder Judicial.

Además, advirtió que la defensa de la autonomía del Poder Judicial no viene solamente de sus propias filas, sino también de las personas que ven amenazados sus derechos fundamentales.

En presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, la ministra Piña agregó que el papel de jueces y magistrados es defender los derechos de todas las personas, sin importar si son mayorías o minorías.

Dijo que en momentos como el actual, es necesario que se promueva el diálogo y no la obstinación, la colaboración y no el protagonismo, ya que la consolidación del Poder Judicial Federal debe ser constante y sin sectarismos.

En el informe, la ministra defendió los fallos del Pleno de la Suprema Corte que han irritado al presidente López Obrador como la inconstitucionalidad del decreto que ponía a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lugar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual forma, destacó la declaración de inconstitucionalidad de las reformas electorales promovidas por el presidente López Obrador y aprobadas de forma exprés por los senadores de Morena por violaciones graves al procedimiento legislativo.

Advirtió que contrario a lo que se ha dicho en el sentido de que la invalidación de leyes por violaciones al procedimiento legislativo no se había dado antes, el Pleno ha invalidado más de 30 reformas por este motivo.

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