Deshacerse por completo de un partido político declarado en extinción, es un calvario que para el INE se alarga por años. Los dirigentes buscan estrategias para intentar gastar los recursos públicos que quedaron en las cuentas partidistas, aparecen supuestos trabajadores exigiendo pagos, brotan deudas a proveedores y algunos han terminado hasta en denuncias penales por transas internas.
El INE tiene cinco partidos políticos que, aunque ya se extinguieron, su fantasma sigue siendo una carga que impide expulsarlos por completo del sistema electoral. El caso más complicado es el del Partido Humanista que tiene ocho años resistiéndose a desaparecer por completo.
Luis Eduardo Sosa Gómez, coordinador de Intervenciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, explicó que el proceso para extinguir a los partidos políticos no tiene un periodo fijo porque depende de la complejidad de cada uno. Primero, después de que los cómputos distritales arrojan la votación legal que determina cuáles partidos no lograron al menos el tres por ciento, se declara un interventor del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) para entrar a la etapa de prevención.
En ésta, se toman las cuentas del partido para autorizar cada gasto, que se limitará a servicios básicos y liquidación, y se hará un inventario de bienes. Y una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publique en el Diario Oficial de la Federación la validez de los resultados y la extinción definitiva de un partido, comienza la etapa de liquidación para saldar deudas y lo que sobre, devolverlo a la Federación, en este caso, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
En esta última etapa, el Partido Humanista que perdió el registro desde la elección federal intermedia del 2016 cuando se quedó sólo con el 2.25 por ciento de la votación, ha sido el más complicado. Su proceso sigue abierto por personas que interpusieron juicios laborales buscando obtener beneficios económicos y que tienen paralizado el proceso.
“De manera temeraria se promovieron juicios laborales que se quedaron sin que avanzaran y terminaron por archivarse, eso te dice que si yo tengo un derecho por ejercer, yo no dejo que se quede sin concluir, sino que llego hasta el final, y la gran cantidad de juicios que terminaron archivándose, nos da la idea de que estas acciones eran temerarias.
“Si no hay un laudo no están reconocidos como trabajadores y por lo tanto, el interventor no está obligado a esperar la duración de todos esos juicios. Mucho menos si ya llevamos tanto tiempo”.
A la fecha, sigue arrastrando 18 juicios. Sin embargo, hace unas semanas se acordó que ya no seguirán esperando su resolución y el caso se dará por cerrado, y si llegaran a obtener el reconocimiento de un juez como auténticos trabajadores, no se les pagaría porque ya no habría recursos para hacer este pago.
El segundo que no ha logrado concluir su proceso de liquidación es el Partido Encuentro Social que perdió su registro tras la elección presidencial de 2018 con 2.78 por ciento de la votación. En este caso, las complicaciones las provocó un juez federal que en pleno proceso de liquidación concedió embargos a instituciones bancarias y proveedores por deudas del partido, y esto impide avanzar.
“Al tener embargado precautoriamente el recurso ha impedido que se pueda avanzar, evidentemente, el interventor necesitan los recursos del patrimonio para poder administrarlos, no puede presentar su informe de balances porque no sabe de cuánto es el recurso con el que va a contar, no puede por ejemplo empezar a liquidar a alguien si no cuenta con recursos.
“Ahí depende completamente de las resoluciones judiciales que se lleguen a emitir en todas las instancias, porque sabemos que al margen de quién gane una u otra en las partes en los juicios, tienes que seguir yendo a la siguiente instancia, y eso lleva su tiempo”.
Tras cinco años de espera, si un juez concluye que se les debe pagar a quienes se les debe, aquellos trabajadores que no han sido liquidados se quedarán sin pago porque no habrá recursos para cumplir sus salarios.
Después, están los tres partidos que perdieron su registro en el 2021 tras una vida fugaz de sólo unos meses. El PES tiene 20 juicios, 19 laborales y uno mercantil; Redes Sociales Progresistas cuatro civiles y uno laboral, y Fuerza por México nueve laborales y dos civiles. Todos por empleados o proveedores que buscan un pago pero que no han acreditado legalmente que lo merezcan.
Pero además, Fuerza por México carga con tres denuncias penales interpuestas por el interventor, por 33.9 millones de pesos que tomaron de las cuentas del partido sin autorización cuando ya había comenzado el proceso de prevención y debían solicitar una autorización.
En 2022, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo para exigir al partido que reintegrara ese dinero pero hasta la fecha no lo ha hecho e incluso, hasta ha logrado amparos.
“Lo que se hizo fue que se ordenó mancomunar las cuentas, de tal manera de que ellos ya no pudieran seguir disponiendo de los recursos, pero adicionalmente se ordenó que se iniciara un procedimiento oficioso por parte nuestra y por parte del interventor que realizara una investigación exhaustiva a la contabilidad de los recursos para identificar las cantidades que se dispusieron en ese caso y procediera como legalmente correspondiera.
“Debería reintegrar el recurso o justificarlo, y hasta ahorita todavía no tenemos mediante los informes del interventor nada que nos indique que esto ha sucedido”.
Ante este tipo de prácticas, el INE modificó las reglas para que ahora, la dilación de los partidos no genere un gasto adicional para el instituto, por lo que ahora, los contratos con los interventores son por todo el proceso sin importar el tiempo que éste lleve, sólo en el caso de la extinción de 2021 hay pendiente una última parte del pago que se contempló desde el convenio original.
En el caso del PRD, dependiendo de las particularidades que el interventor encuentre en sus finanzas, dependerá el tiempo que llegue extinguirse por completo.
Con información de Milenio
