La reforma de plataformas digitales comenzó oficialmente su ruta legislativa. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados este martes la propuesta para regular el trabajo de repartidores y conductores de aplicaciones, la iniciativa busca reconocer derechos laborales bajo nuevas reglas que se adecúan al esquema.
El proyecto enviado por la titular del Poder Ejecutivo incluye algunos cambios con respecto a la iniciativa socializada en octubre, las principales modificaciones son en los plazos de implementación. En ese sentido, la propuesta plantea un plazo de 180 días en la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
El programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mantiene, así como el plazo de 180 días para que la autoridad de seguridad social, luego de la prueba piloto y la publicación de las reglas de carácter general, realice las propuestas de modificación a la legislación.
Este cambio es parte de las últimas mesas de diálogo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) —dependencia que elaboró el proyecto—, representantes de trabajadores por aplicaciones y las empresas.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum conserva el criterio de generar ingresos equivalentes a un salario mínimo para tener acceso a los derechos laborales y la seguridad social plena. A diferencia de la primera propuesta, se puntualiza que podrán ser considerados como “trabajadores independientes” las personas que no generen ganancias mensuales equivalentes a la referencia salarial.
Sin embargo, tal y como se propuso desde un inicio, todos los trabajadores —sin importar los ingresos— estarán protegidos contra un accidente de trabajo. “En todos los casos, las personas físicas y morales que administren plataformas digitales serán responsables del pago del aseguramiento en el régimen del seguro social cuando ocurra un tiempo de trabajo efectivamente laborado”, se establece en el proyecto.
Por otra parte, la reforma presentada mantiene el reconocimiento de la subordinacióndurante el tiempo efectivo de trabajo, entendido como el lapso entre la aceptación de un pedido/viaje y la finalización de este, así como la potestad de los trabajadores para elegir cuándo, cómo y dónde quieren conectarse para prestar sus servicios.
La propuesta del gobierno federal también incluye sanciones específicas por incumplimiento y precisa motivos por los cuales se puede rescindir la relación de trabajo.
