Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó, en beneficio de una asociación civil, el fideicomiso de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas con el fin de que se garantice, cuando menos, 0.014 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, la primera sala amparó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, organización que impugnó las modificaciones a la Ley General de Víctimas que eliminaron el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual era manejado mediante un fideicomiso que fue desaparecido.
“El que la entrega de recursos a víctimas dependa de lo que se reporte como decomisado, daña francamente los derechos humanos reconocidos, por nuestra Constitución Federal y normativa internacional, en favor de las víctimas de delito y de derechos humanos. Los bienes muebles e inmuebles derivados de los decomisos dependen del resultado de un procedimiento penal cuya duración no es menor”, puntualizó la SCJN.
La SCJN concluyó que la extinción de dicho fondo resulta en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en beneficio de un sector que cada vez es mayor: las víctimas de delito y de derechos humanos.
