El Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, reprobamos categóricamente la reforma judicial aprobada por el partido Morena, sabedores del gran atentado contra la independencia del Poder Judicial, los derechos humanos fundamentales y que conlleva graves riesgos económicos y sociales para nuestro país.
La reforma, que nació del deseo dictatorial y que solo pone en riesgo la estructura democrática de México, ya tiene efectos negativos y han sido numerosos los llamados de diversos organismos y de la diplomacia internacional que han alzado la voz ante las amenazas de un escenario de toma por parte de grupos indeseables hacia el poder judicial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido llamada a intervenir por más de mil jueces y magistrados que advierten sobre la afectación a sus derechos laborales y la posibilidad de un desmantelamiento de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de derechos humanos.
Asimismo, la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, ha expresado su profunda preocupación por la intimidación y las interferencias que la reforma podría generar, debilitando aún más el sistema judicial mexicano.
Además, la organización WOLA ha subrayado los riesgos para los derechos humanos que esta reforma conlleva, advirtiendo que la propuesta podría perpetuar la impunidad y el abuso, dejando a la población más vulnerable sin protección ante las arbitrariedades del poder.
Recientemente, Bank of America (BofA), el segundo mayor banco estadounidense, ha manifestado su profunda preocupación por las implicaciones de esta reforma judicial, considerándola la más preocupante y trascendental de las 20 reformas del “Plan C” del presidente López Obrador.
A estas preocupaciones se suma la postura de las Facultades de Derecho de nueve prestigiosas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana (UP) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Estas instituciones han manifestado su firme rechazo a la reforma, subrayando la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial como elemento fundamental para el correcto funcionamiento del sistema democrático en México.
La autonomía judicial es esencial para mantener el equilibrio de poderes y garantizar una impartición de justicia imparcial, principios que esta reforma pone en grave riesgo.
Ante este panorama, el Partido Acción Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de las libertades y los derechos de todas y todos los mexicanos. No permitiremos que se desmantele la democracia ni que se vulnere la independencia judicial en nuestro país.
Lucharemos hasta las últimas consecuencias para proteger los derechos humanos y las libertades que nos definen como nación, señalaron.
