Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodio de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).
En su registro, El BOP indica que el general en retiro dejó de estar bajo custodia desde el pasado 11 de agosto. Eso no significa que Mérida Sánchez, acusado por la Justicia estadounidense de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, esté libre. Podría, más bien, indicar un traslado de prisión, o una posible negociación con las autoridades.
Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos en mayo pasado, se encontraba retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Mérida Sánchez tenía agendada una audiencia el pasado 4 de agosto que finalmente no ocurrió. No se informaron detalles de la razón, lo que aumentó las sospechas de una negociación con la Justicia estadounidense.
Documentos judiciales muestran que Mérida Sánchez quedó detenido el pasado 5 de mayo en Arizona y tuvo una primera comparecencia ante el juez Eric j. Markovich.
Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde se lleva su caso.
El mexicano, quien fungió como secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios a los que el gobierno de Estados Unidos solicita en extradición a México, por acusaciones de nexos con “Los Chapitos”. La lista incluye al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobierno mexicano exige al de Estados Unidos pruebas de las acusaciones en contra de los funcionarios.
Mérida Sánchez, de 66 años, está acusado de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. Por los delitos que se le imputan, puede ser condenado a 40 años de prisión.
La acusación está fincada en el distrito sur de Nueva York.
El 15 de mayo, Mérida Sánchez compareció en el tribunal de Nueva York. Allí se le informó de sus derechos y se le preguntó si había recibido copia de la acusación. La defensa confirmó.
“Los acusados presuntamente usaron sus cargos de confianza para proteger operaciones del cártel y facilitar el flujo de drogas mortales a nuestro país”, señaló al anunciarse la acusación el director de la Agencia Antidrogas (DEA), Terry Cole.
