Es profundamente reprobable, inaceptable y políticamente mezquino el actuar del coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien no solo encabezó una embestida en mi contra, sino que además recurrió a prácticas que vulneran la legalidad, la ética pública y la dignidad del ejercicio legislativo, dijo la diputada Rosana Díaz.
Y así lo describió:
Lo ocurrido en el Pleno no fue un hecho aislado ni producto del debate político; fue un linchamiento orquestado, ejecutado de manera deliberada mientras él mismo se encontraba a un lado mío, evidenciando que está dispuesto a violentar los principios de MORENA e incluso utilizar al propio movimiento para agredir y vulnerar a una mujer.
Lejos de detenerse ahí, fue más allá: giró instrucciones al Licenciado Óscar Castrejón, quien en ese momento asistía de manera permanente a sus reuniones como su colaborador directo y percibía aproximadamente 40 mil pesos mensuales a través del Congreso del Estado. Bajo esa lógica de subordinación, no dudó en promover, a nombre del partido, la imposición de supuestas medidas cautelares con el objetivo de silenciarme y limitar mi derecho a expresarme y a decir la verdad.
Hoy queda aún más en evidencia la intención de construir un caso a modo. El propio David Oscar Castrejón Rivas presentó un escrito mediante el cual solicita la incorporación de una supuesta prueba superveniente, consistente en un “informe de hechos” rendido por el Diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, con fecha 23 de diciembre de 2025.
Dicho documento, lejos de abonar a la verdad, confirma la operación política interna que se ha venido denunciando. Es decir: ellos acusan, ellos fabrican y ellos mismos pretenden validarlo.
Aun cuando, con fundamento en los artículos 52, 54, 55, 56 y 85 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dicha prueba ha sido únicamente tenida por ofrecida, y su admisión y valoración se encuentran reservadas para el momento procesal oportuno, resulta evidente el intento por legitimar una narrativa previamente construida.
Las acciones de Cuauhtémoc Estrada, a través de su operador, no solo violentaron el artículo 67 de la Constitución del Estado, sino que violentaron el Estado de Derecho. Porque al intentar silenciar a una Diputada, no silenciaron a una mujer: intentaron silenciar a las y los juarenses, y con ello, violentaron el derecho a la verdad de las y los chihuahuenses.
Denuncio públicamente esta conducta autoritaria, que pretende sustituir el diálogo por la imposición, y dejo claro que no me voy a someter a presiones ni a intereses que busquen doblegar mi voz o mi compromiso con la ciudadanía.
La política no puede ni debe construirse desde la intimidación ni desde el uso faccioso de las instituciones. Quienes hoy recurren a estas prácticas evidencian una profunda incongruencia con los principios de la Cuarta Transformación que dicen representar.
Seguiré firme, de frente y sin titubeos. No me van a callar. La verdad los alcanzó, concluyó la legisladora.
