El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, aseguró que la clausura del centro de rehabilitación IMAACH se realizó luego de detectar diversas irregularidades que, de acuerdo con las autoridades, representaban un riesgo para la vida e integridad de las personas internadas.
Explicó que la intervención se originó a partir de un reporte recibido en la Mesa de Construcción de la Paz, en el que se alertaba sobre las condiciones en las que operaba el establecimiento. Posteriormente, personal municipal realizó una inspección conjunta con la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEADIC).
Oliva señaló que durante la revisión se encontraron condiciones que calificó como no óptimas, entre ellas una losa que presentaba riesgo de colapso, alimentos caducos y la falta de medidas básicas de seguridad, como extintores, detectores de humo, salidas y lámparas de emergencia.
A esto se sumó, dijo, un problema de hacinamiento, ya que el centro tenía alrededor de 80 personas internadas, pese a que su capacidad, de acuerdo con las condiciones del inmueble, era para aproximadamente 30.
“Había una sobrepoblación de las personas que ellos tienen capacidad para atender, es decir, había hacinamiento”, explicó.
El funcionario indicó que CEADIC únicamente pudo reubicar ese día a 30 personas en otros centros de rehabilitación, mientras que el resto sería trasladado paulatinamente conforme existiera disponibilidad, al tiempo que se otorgaba al establecimiento la oportunidad de solventar las observaciones realizadas por Protección Civil.
Gobernación defiende legalidad de la clausura
Pedro Oliva también rechazó que la clausura tuviera una motivación política y sostuvo que las actuaciones del Municipio se encuentran sustentadas jurídicamente.
Explicó que el centro había promovido un amparo en contra de las acciones de clausura y suspensión, pero este fue sobreseído por un juzgado de distrito. Posteriormente, tras la inspección realizada el miércoles, se promovió un nuevo juicio de amparo, cuya resolución también fue favorable a la postura municipal, según detalló.
Oliva destacó que en la resolución judicial se establece que existe un interés legítimo de la sociedad para que los establecimientos que brindan servicios de salud y rehabilitación a personas con problemas de adicción funcionen bajo las condiciones y controles establecidos por la ley, con el objetivo de evitar riesgos derivados de instalaciones inadecuadas, personal no autorizado, tratamientos sin supervisión o manejo irregular de medicamentos.
“Una vez más, el juzgado nos vuelve a dar la razón al Municipio, a la Subdirección de Gobernación, de que las actuaciones que estamos realizando están apegadas a derecho y no son temas personales”, afirmó.
Niegan que anexados hayan quedado encerrados
Ante los señalamientos surgidos después de la clausura, el funcionario rechazó que las personas internadas hayan quedado encerradas dentro del establecimiento.
Aseguró que se colocaron sellos únicamente de manera superficial en la puerta para impedir el ingreso de nuevos pacientes, mientras que existía otra entrada que permanecía disponible para médicos, familiares y personas internadas.
“Esa fue la única restricción: que no admitieran a más personas”, señaló.
Oliva agregó que la primera visita de inspección al establecimiento se realizó a principios de año, pero en aquella ocasión no se permitió el acceso a las instalaciones. Posteriormente se efectuó una segunda visita y el centro recurrió a un amparo, por lo que fue hasta la resolución del proceso judicial cuando las autoridades pudieron ingresar y conocer las condiciones en que operaba.
Centro debe cumplir normas federales, estatales y municipales
Finalmente, el subdirector de Gobernación aclaró que, aunque los responsables del establecimiento han argumentado que existen disposiciones de competencia federal para regular este tipo de centros, ello no los exime de cumplir con la normativa estatal y municipal.
Comparó el caso con el funcionamiento de una gasolinera, que debe cumplir disposiciones de los distintos niveles de gobierno.
En el ámbito municipal, indicó, el establecimiento debe contar con su documentación vigente, uso de suelo, programa interno de Protección Civil, dictamen de medidas de seguridad, dictamen de aforo y licencia de funcionamiento.
Oliva sostuvo que la prioridad de las autoridades es garantizar que los centros de rehabilitación operen bajo condiciones adecuadas y que quienes buscan atención por problemas de adicción no sean expuestos a riesgos derivados de instalaciones inseguras.
