La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos extendió el martes, hasta el próximo lunes, su bloqueo temporal en la aplicación de la ley de Texas que permite que las autoridades policiales detengan y expulsen a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
Esta legislación, conocida como SB4, es otro ingrediente en la confrontación del gobierno del estado de Texas con el Gobierno federal que preside el demócrata Joe Biden que, por ley, tiene jurisdicción sobre la inmigración.
La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas y que debió entrar en vigencia el 5 de marzo, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
A finales de febrero un magistrado federal en Texas aplazó la entrada en vigor de la medida tras una demanda de varias organizaciones y el condado de El Paso (Texas), que alegan que la ley es inconstitucional porque las autoridades locales no tienen jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito echó abajo la decisión del magistrado llevando la batalla legal a la instancia de la Corte Suprema, y la legislación debió entrar en vigor el 9 de marzo.
En respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno de Biden, el juez del Supremo, Samuel Alito, emitió una orden inicial de bloqueo que dio plazo hasta este miércoles para que los magistrados de la Corte Suprema adjudiquen esta nueva disputa legal entre Texas y el Gobierno federal.
Ese plazo se extendió ahora hasta el 18 de marzo, lo que permitirá a los magistrados a decidir si sostienen el bloqueo o dejan que entre en vigor.
La ley convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
