La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este sábado su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de unas elecciones libres, justas y competitivas en las regiones autónomas de Nicaragua, previstas para el domingo 3 de marzo.
En esos comicios se elegirán 45 miembros de Consejos Regionales en el norte y otros 45 en el sur de esa región caribeña de Nicaragua, que es la más pobre y menos poblada del país, sin la participación del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘hijos de la madre tierra’ en lengua miskita), ilegalizado en octubre pasado.
La CIDH argumentó que esos comicios se desarrollan “en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”.
Aseguró que en los últimos meses, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), han recibido información sobre la agudización de una estrategia represiva desplegada en la Costa Caribe con el fin de transmitir un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al Gobierno que preside Daniel Ortega.
El Estado atenta contra la autonomía de las comunidades originarias
Asimismo, destacó la cancelación de la personalidad jurídica del partido indígena Yatama y la toma de sus instalaciones regionales.
También la detención del diputado y presidente de Yatama, Brooklyn Rivera, “de quien hasta el momento se desconoce su paradero”, así como de la representante legal y la diputada suplente, Nancy Elizabeth Henríquez; ambos beneficiarios de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Destaca también el cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam; los permanentes actos de persecución contra líderes y lideresas indígenas para criminalizarles y retirarles del espacio político; y los ataques sistemáticos de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar y desplazar a las comunidades de sus territorios”, denunció la CIDH.
Para ese organismo, ese conjunto de acciones atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica, y busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente.
La falta de condiciones para la celebración de elecciones libres implicaría también un retroceso importante en los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, alertó la CIDH.
Aboga por los derechos de los indígenas
Ese organismo instó al Estado de Nicaragua a adoptar todas las medidas necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales, para garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan participar, en condiciones de igualdad, tanto en las elecciones como en la toma de decisiones sobre asuntos que inciden en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización.
Asimismo, instó al Estado de Nicaragua a cesar la represión contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, contra las personas integrantes del partido indígena Yatama, así como a respetar y garantizar las libertades fundamentales.
Además, urgió a Nicaragua a informar de inmediato sobre el paradero de Brooklyn Rivera en cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.
Yatama, un partido regional que se define como “la única fuerza política competente y de masa en la cual confían las comunidades indígenas” de la Costa Caribe de Nicaragua es, junto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la principal fuerza en esa región.
