Rumbo a las elecciones más grandes en la historia de México, la violencia criminal aumentará y se recrudecerá contra candidatos y sus equipos de campaña, pues el crimen organizado, coludido con políticos y profundamente inmerso en los estados, tratará de mantener o crear nuevas alianzas.
Basados en estudios cualitativos y de métricas, analistas políticos e investigadores afirman que los grupos delincuenciales, a través de la imposición de su autoridad, ya influyen en la vida pública de las entidades al bajar, subir o conservar en el poder a esferas aliadas que facilitan la expansión de sus actividades.
Datos del proyecto de investigación Votar entre balas revelan que desde 2018 hasta lo que va de 2024, en el país se registraron mil 546 ataques de violencia criminal dirigidos contra candidatos o personas relacionadas con sus aspiraciones, entre los que se enumeran amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros.
Hasta noviembre de 2023, un total de 12 candidatos fueron asesinados desde las pasadas elecciones federales y si bien no parece una cifra elevada, Itxaro Arteta, vocera de dicha iniciativa de la ONG Data Cívica, asegura a EL UNIVERSAL que este sector junto con precandidatos, funcionarios y equipos de campaña del ámbito municipal, son el grupo más afectado, con 82% de incidencia.
“Según el monitoreo de estos años, tenemos razones para preocuparnos por las futuras elecciones. No sólo son asesinatos, sino distintos tipos de agresiones las que aumentaron en periodos electorales y la tendencia indica que se incrementarán en puestos locales donde el crimen organizado tiene pactos previos o motivos de control”, explica sobre el tema la también periodista.
Durante la penúltima semana de diciembre y los primeros días de enero ocurrieron cuatro homicidios de precandidatos y aspirantes.
El primero fue Ricardo Taja Ramírez, de Morena, el 21 de diciembre, en Acapulco, Guerrero; luego, el 5 de enero siguieron los asesinatos de Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, en Armería, Colima, y un día después, Alfredo Giovanni Lezama Barrera y David Rey González, del Partido Acción Nacional en Cuautla, Morelos, y la coalición entre PRI, PAN y PRD en Suchiate, Chiapas, respectivamente.
Aunque aparentemente no representan un volumen amplio, lo son, pues conforman la tercera parte del total de asesinatos ocurridos en seis años.
Arteta Monteagudo indica que en el periodo electoral de 2018 ocurrieron 103 agresiones criminales contra candidatos y sus equipos, y para las elecciones intermedias de 2021 fueron 118: “Enero empezó fuerte. Según las tendencias, mayo es el mes en que debemos estar más alerta porque aumentan las agresiones.
“Detectamos que los ataques se dan cuando hay reacomodos de poder y transiciones, lo cual suena paradójico, pero cambiar al partido que tenía el control implica renovar el pacto que existía con el crimen organizado o colocar a alguien que lo mantenga”, detalla.
En 2018, los equipos de los candidatos fueron el grupo al que más agresiones se dirigieron y en el proceso electoral de 2021 también, hecho que augura que en 2024 pueda ocurrir lo mismo, no sólo por el número de puestos a elegir, sino por los despliegues militares, las situaciones de violencia generalizada y la poca atención al tema por parte del gobierno federal.
El analista político José Antonio Crespo dice que las consecuencias habituales de esos crímenes son que los candidatos abandonen sus intenciones al encontrarse bajo riesgo y que sean orillados a pactar con la delincuencia: “El crimen organizado tiene vínculos con policías, autoridades municipales o federales que podrían estar en el juego, no ejerciendo la violencia directamente, pero sí en complicidades políticas de narco y gobierno, y su tarea consta de cuál candidato consideran que va a jugar con ellos, cuál escogen e intimidar a quien no le entre”, expone el articulista.
Por sus análisis, Crespo Mendoza asevera que la población votante no se ve afectada por la violencia criminal, pero sí podrían inhibirse o inclinar sus intenciones de voto a otro partido de su preferencia.
Ante este escenario, el reto para la jornada electoral del próximo 2 de junio, donde se elegirán 19 mil 634 cargos, es garantizar la seguridad para los candidatos y sus equipos, pues el inmenso despliegue de elementos de seguridad no es sinónimo de su funcionamiento, de acuerdo con Fernando Dworak Camargo, experto en política.
“El máximo despliegue de fuerzas de seguridad no es sinónimo de que estas vayan a ser operativas, sólo demuestran que se está vigilando el proceso, pero lo que necesitamos es abrir ese debate para que se le proporcione seguridad a todos los cargos públicos y no sólo a las candidatas presidenciales, como se ha hecho al proponerles seguridad militar”.
Con información de El Universal
