La Organización de los Estados Americanos (OEA) quiere organizar una reunión de ministros de Exteriores del continente americano para abordar la crisis en Guatemala y ha activado el procedimiento para poder enviar una comisión al país.
El Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, aprobó este martes, con el único voto en contra de Guatemala y la abstención de El Salvador, una resolución en la que se declara “alarmado por las insistentes acciones desestabilizadoras” de la Fiscalía del país centroamericano.
Por ello, el organismo panamericano se comprometió a iniciar “amplias consultas para determinar la necesidad de convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores” que aborden este asunto.
Además, el Consejo Permanente encomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que solicite “con urgencia” al Gobierno de Guatemala el “consentimiento” para que representantes de la organización puedan hacer una visita oficial “de buenos oficios” al país cuanto antes.
Con ello invocan de forma explícita el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana
Este determina que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
Almagro recalcó que Guatemala está sometida “a una de sus pruebas más difíciles” de sus historia, y advirtió de que si el Ministerio Público logra su objetivo “se perfeccionaría un golpe de Estado, hoy en grado de tentativa”.
“Hasta las elecciones generales de 2023 no se conocen en la historia democrática de Guatemala otras acciones de judicialización con el propósito de alterar los resultados electorales”, sostuvo en su discurso tras el voto.
En la resolución aprobada, los Estados miembros también condenaron enérgicamente “el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala“.
También expresaron su “seria preocupación por la continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática”.
Hicieron además un llamamiento a todas las instituciones de Guatemala para que “cesen toda acción intimidatoria, respeten la integridad del material electoral y defiendan los principios democráticos”.
En una intervención en vídeo ante el Consejo Permanente, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo que su gobierno ha respetado los resultados electorales “desde el primer día” y que “no ha tomado acción alguna” para bloquear la transición de poderes.
Además, hizo un “llamado a la prudencia” para los otros países de la región dado que “no existe” un quebrantamiento del orden internacional en Guatemala, reivindicó.
El representante de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, habló por su parte de un “esquema perturbador de medidas antidemocráticas” por parte de las autoridades guatemaltecas, incluido el “esfuerzo absurdo de anular los resultados electorales”.
Desde que el candidato progresista Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, ganó en agosto las presidenciales, el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, ha emprendido investigaciones en contra del presidente electo, miembros de su partido y funcionarios electorales.
Organizaciones de la sociedad civil, la ONU, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, han denunciado que la Fiscalía ha construido un caso espurio para anular los comicios e impedir que Arévalo de León suceda el 14 de enero al presidente saliente, Alejandro Giammattei.
Washington, que mantiene sancionada a la cúpula de la Fiscalía por corrupción, anunció el lunes que ha prohibido la entrada a Estados Unidos a un centenar de disputados guatemaltecos que la semana pasada votaron a favor de desaforar a tres magistrados electorales.
