Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron por mayoría votos, la solicitud a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera Sandoval para que, rinda un informe detallado sobre la situación jurídica de un sentenciado y sus coimputados, relacionados a casos de secuestro.
Este punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por el diputado Pedro Torres Estrada, quien detalló que el Poder Judicial debe garantizar la correcta y transparente aplicación de la ley, especialmente en delitos de alto impacto social como es el secuestro, donde la pena tiene un doble propósito: castigar al infractor y proteger a la sociedad y a las víctimas.
Tras aprobar la moción presentada por el diputado Francisco Sánchez, se pide un informe estadístico, desglosado por año y distrito judicial, que abarque los últimos cinco años y detalle:
A. El número total de solicitudes de cambio en la modalidad de la pena de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales presentadas por los sentenciados.
B. El número total de solicitudes que fueron concedidas y el número de las que fueron negadas.
Además, un informe sobre los criterios, protocolos y argumentos jurídicos que los Jueces de Ejecución de Penas utilizan para valorar y conceder los cambios en la modalidad de la pena, a fin de asegurar la uniformidad y el correcto apego a la ley en todo el Estado y la descripción del procedimiento estándar que se sigue para verificar que la reparación integral del daño a las víctimas ha sido totalmente cubierta como requisito previo para la concesión de estas medidas, así como los mecanismos existentes para garantizar el derecho de las víctimas a oponerse.
Por último, un informe sobre los protocolos y mecanismos vigentes en el Poder Judicial para identificar, excusar y resolver posibles conflictos de interés o cualquier circunstancia que pudiera comprometer la imparcialidad de las y los juzgadores en la resolución de cualquier caso.
