Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, derivado de la demanda civil que presentó en septiembre de 2021, por lo que de acuerdo con la ley de ese estado, la reparación equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente.
El proceso contra García Luna y cómplices parte de que el gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas al exfuncionario, por medio de un esquema de triangulación de recursos con empresas localizadas en paraísos fiscales –desde países insulares hasta Estados Unidos–, de acuerdo con los informes de la UIF.
En un comunicado, la UIF confirmó que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 de dólares y mil 740 millones 25 mil 540 dólares su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte del proceso iniciado el 21 de septiembre de 2021 por parte de la unidad de Hacienda para que se restituyeran al país los recursos pagados por el gobierno mexicano a la red de corrupción que involucra al ex secretario de Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupó la presidencia de México entre 2006 y 2012.
Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha recuperado 2 millones 801 mil 672.7 dólares –menos de 0.5 por ciento– de los 745.9 en que se estima el desfalco por el que se acusa a García Luna y cómplices. Sin embargo, la UIF advirtió que “a partir de la emisión de la sentencia, el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”.
Como parte de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a un millón 970 mil 872.72 dólares, así como un inmueble valuado en 555 mil 800.00 dólares. Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, se recuperaron 275 mil dólares, reiteró la unidad en un comunicado.
Agregó que los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta. Y hasta el momento, bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY, no se han localizados otros bienes.
A través de empresas vinculadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panamá –como Nunvav–, se otorgaron 30 contratos en tecnología y seguridad que terminaron en pagos a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachada de México y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida.
Este jueves, circuló que una corte civil de Miami impuso una multa de 749 millones de dólares 829 mil 676 dólares a Genaro García Luna y de mil 740 millones 25 mil 540 a su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte de un proceso iniciado el 21 de septiembre de 2021 por parte de la UIF para que se restituyeran al país los recursos pagados por el gobierno mexicana a la red de corrupción que involucra al exsecretario de Calderón Hinojosa.
De acuerdo con los informes de la UIF, a través de Nunvav se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, a través de Citibank. Al menos 76 millones de dólares del dinero movido por esta empresa del conglomerado Weinberg y que fue constituida en Panamá regresaron a México a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el país.
En realidad, los hallazgos de la UIF llevaron a imponer una denuncia en la que de inicio se señaló a 8 personas físicas y a 44 empresas de diferentes países, como parte de una red para sacar el dinero de México, ocultarlo, y luego devolverlo a sus beneficiarios finales.
Y sólo en México, se detectaron 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales, la mitad están listadas como factureras por parte del Servicio de Administración Tributaria.
