Ante los cuestionamientos sobre un posible trato preferencial hacia el regidor César Homero Armendáriz y el exfuncionario Arturo Rubalcaba, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, descartó que exista algún tipo de favoritismo o protección hacia los antes mencionados, de quienes se dice que buscan participar en el próximo proceso electoral.
Hinojos afirmó la Fiscalía no actúa en función del nivel jerárquico, profesión, relaciones políticas o cargo que ocupe una persona, por lo que aseguró que cualquier investigación con elementos suficientes para presumir responsabilidad será llevada adelante conforme a la ley, además de recordar que ambos se encuentran vinculados a proceso y que el asunto ya fue judicializado, por lo que actualmente permanece dentro de una etapa procesal.
Se trata de la causa penal 184/2023, presentada por la víctima contra Arturo R. V. y César Homero A. R., señalados por el delito de homicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con el acuerdo judicial fechado el 2 de marzo de 2026, la persona afectada se constituyó formalmente como acusador coadyuvante dentro del proceso. Esta figura le permite participar de manera directa en el caso, presentar pruebas, realizar observaciones al expediente y solicitar la reparación del daño.
Tras recibir el escrito, la autoridad judicial determinó dar vista al Ministerio Público, así como a los imputados y sus respectivas defensas, con el objetivo de que tengan conocimiento de los nuevos elementos incorporados al expediente. Con ello, el procedimiento entra en una etapa de revisión de los argumentos y pruebas presentados por las distintas partes.
El caso se origina por una agresión ocurrida el 16 de septiembre de 2022 en un gimnasio de Parral, en donde de acuerdo a los reportes policíacos, un hombre resultó con una herida en la cabeza y traumatismo craneoencefálico luego de ser agredido.
El fiscal de Distrito Zona Sur explicó que actualmente el procedimiento permanece suspendido, debido a que la defensa de los imputados interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por lo que ahora corresponde a un magistrado en materia penal revisar dicha resolución y determinar si se mantiene o modifica.
