Ex presas políticas de Uruguay denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado uruguayo frente la falta de justicia en su país por los casos de tortura y violencia sexual durante la última dictadura cívico militar (1973-1985).
«Nosotras en 2011 hicimos la denuncia (sobre violencia sexual en la dictadura) frente a la justicia uruguaya, en ese momento teníamos toda la esperanza puesta en que algo podía pasar, pero no pasó, y como pasaron tantos años sin lograr nuestros objetivos decidimos pasarla a la CIDH para ver si de esa forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la acepta» como ha sucedido con otros casos, dijo a la Agencia Sputnik Ana Amorós, una de las denunciantes.
En 2011, 28 mujeres presentaron una denuncia por violencia sexual durante el periodo del terrorismo de Estado en 20 establecimientos de todo el país, muchos de ellos clandestinos, con más de 100 personas acusadas, entre miembros de las fuerzas armadas y civiles.
La misma denuncia será la que llegará a la CIDH, demostrando de esa forma que en Uruguay no obtuvieron justicia, añadió.
Amorós explicó que debieron esperar para denunciar al Estado uruguayo ante la CIDH porque no pueden presentarla ante instancias internacionales hasta no haber agotado todos los recursos en el país.
En 2021, la denuncia fue presentada por las denunciantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar en audiencias ante la CIDH.
Hasta ese entonces, diez años después de la denuncia, ninguno de los denunciados había sido condenado por esa causa y muchos estaban libres.
«En nuestra denuncia hay más de 100 denunciados y solo dos han sido procesados», dijo Amorós, al recordar que al otro día de las audiencias con la CIDH se dieron los procesamientos de los militares Antranig Ohannessian y Jorge Silveira por los delitos de abuso de autoridad, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor, en el marco de la denuncia por violencia sexual durante la dictadura.
Amorós dijo que tienen expectativa en que la Corte IDH acepte esta denuncia y finalmente pueda haber justicia para ellas.
«Es muy duro, ya se han muerto tres compañeras de las 28 denunciantes, hay otras que están muy mal, muy enfermas y es bastante desgastante», dijo al repasar la exposición que han afrontado en estos años, donde continuamente fueron revictimizadas y llamadas a declarar tras las «chicanas» presentadas por las defensas de los denunciados para alargar el caso.
A su entender, lo que se busca es que las denunciantes se cansen y desistan de continuar con este proceso.
«Yo pienso que creen que no vamos a seguir o por lo menos nos quieren hacer pasar muchos malos ratos, pero nosotras queremos que realmente haya una reparación, que se sepa la verdad, más que nada que se sepa la verdad», expresó.
Reconocimiento
Para las denunciantes lo más importante es que toda la sociedad tenga conocimiento de lo que pasó durante la última dictadura y del doble castigo al que fueron sometidas las mujeres.
«Nosotras recibimos un doble castigo cuando nos detuvieron, porque en una sociedad machista como esta el hecho de estar presas hacia que nos estén juzgando como madres, como esposas, como mujeres, además de como militantes, por salirnos del molde, del rol asignado para nosotras», afirmó.
«Una cosa que siempre tratamos de aclarar es que ellos no nos violaron para sacarnos información, eso fue para humillarnos, estigmatizarnos, ponernos como mujeres transgresoras que no les importaba su familia, sus hijos, (…) por eso ponían grabaciones de niños llorando para enloquecer a las compañeras», relató.
Amorós insistió en que, además de justicia, lo que buscan es que haya un verdadero reconocimiento por parte del Estado y una reparación, que como tal no se ha dado.
Recordó por ejemplo que el año pasado, en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, se inauguró el memorial de las ex presas políticas en Montevideo sin la participación de ningún representante del Gobierno, algo que toman como un «mensaje» de las autoridades respecto a su causa.
«El Estado tiene que responder (…) pensamos que aunque no lo veamos nosotras, sí puedan verlo nuestros hijos, nuestros nietos y el pueblo en general y tengan claro todo eso que sucedió porque a veces hay gente que sigue pensando que no existió o que hicimos esta denuncia queriendo trascender públicamente y es espantoso, porque no fue nada fácil hacerlo», expresó.
En ese sentido, resaltó que durante muchos años no pudieron hablar del tema ni entre ellas y fue muy difícil tomar la decisión de la denuncia, ya que por un lado querían que todo el mundo se entere y por el otro se les caía el alma, no por el que dirán, sino por enfrentarlo.
La Corte IDH ya condenó al Estado uruguayo por delitos de la dictadura.
En 2011, fue por la desaparición de María García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman, cuya hija, Macarana Gelman, fue apropiada por un policía y recuperó su identidad en el 2000, y en 2021 por los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, tres jóvenes estudiantes conocidas como «Las Muchachas de Abril», y los militantes desaparecidos Luis Eduardo González y Óscar Tassino.
