Los creadores de contenido que ponen sus redes sociales al servicio de Los Chapitos o La Mayiza están bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la sospecha de que no sólo están animando a uno de los dos bandos que mantienen la llamada “guerra en Sinaloa”, sino que lavan dinero para ellos.
MILENIO tuvo acceso a una lista elaborada por esa unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluye a 64 influencers que estarían radicados en Sinaloa, cuyos perfiles o canales son investigados por estar “inflados” artificialmente por el crimen organizado para que plataformas como YouTube, Facebook o Instagram les paguen grandes cantidades de dinero por venta de publicidad.
Esas ganancias habrían sido entregadas a las escisiones del Cártel de Sinaloa por los propios influencers para que las tropas del hijo del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada pudieran adquirir armas, municiones, vehículos y sobornar autoridades.
Se trata de un trueque simple, según las indagatorias del gobierno federal: los operadores del crimen organizado hace millonario y famoso a un creador de contenido y, a cambio, estos devuelven un alto porcentaje del pago de sus interacciones y contratos de mercadotecnia.
“Es un esquema simple de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que habíamos tardado en descubrir porque hay poca regulación sobre redes sociales. Sin embargo, ya tenemos los primeros perfiles para poder sancionar y congelar las cuentas bancarias para que el dinero no llegue a los criminales”, aseguró una fuente consultada por MILENIO, quien participó en las investigaciones.
Nombres, nombres…
En la lista están jóvenes como Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido en las redes sociales como Markitos Toys, un joven nacido en 1998 en Culiacán, donde comenzó su canal de YouTube hace seis años. En tiempo récord, su perfil experimentó un inusual boom hasta convertirse en un creador de contenido con 4.24 millones de suscriptores en YouTube y 5.4 millones de seguidores en Instagram.
Su ascenso en las redes ha estado atado a dos controversias: su estilo de vida a lo ‘buchón’ y sus amistades cercanas a Los Chapitos, como Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, ex jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, detenido en noviembre de 2023.
En enero de este año, un helicóptero sobrevoló la capital sinaloense y dejó caer cientos de volantes que acusaban que los perfiles en redes sociales de Markitos Toys sirven para blanquear los capitales de los hijos del Chapo Guzmán. Dos meses después, su hermano Gail Castro fue asesinado en un restaurante en Ensenada, Baja California, presuntamente por sicarios de La Mayiza.
“Es un modus operandi muy definido: el crimen organizado compra con dinero sucio un perfil que ya tiene miles de seguidores o se acerca a un joven que desea ser influencer. Entonces, el cártel hace crecer ese perfil con bots o granjas de clicks. Incluso, con donaciones, que es dinero proveniente de extorsiones o venta de droga; [Los perfiles] parecen ser un éxito, aunque tienen pocas interacciones reales”, explica la fuente consultada.
“Entonces, las redes sociales premian ese crecimiento, porque creen que al vender publicidad en esos espacios están llegando a un público muy amplio. YouTube, Facebook, Instagram, paga y el dinero mágicamente ya está limpio y tiene un origen legal”, agrega.
Otros presuntos narcoinfluencers en la lupa de las autoridades son Ana Cristina Gastélum, conocida como Ana Gastelum; Carlos Lizárraga, El Horny; Óscar Antonio López Iribe, El Camaronero; Mayve Castro, Jmayvecc, entre otros.
Millones de seguidores pero nula actividad
Otras “banderas rojas” han alertado a la Unidad de Inteligencia Financiera: por ejemplo, que influencers que en zonas de gran presencia del crimen organizado hacen rifas o sorteos de bienes de lujo sin control alguno.
O que celebren contratos de publicidad con empresas fantasmas: negocios que presumen ser exitosos en giros como belleza, ejercicio, estilo de vida o deportes, y que de pronto desaparecen, antes de dejar sus cuentas bancarias en ceros.
“Por ejemplo, hemos encontrado que hay cuentas con miles de seguidores que han cambiado de dueño en tres o cuatro veces en un año. O que simulan rifas de automóviles de lujo o hasta departamentos sin tener autorización de la Secretaría de Gobernación. Y cuando observas sus publicaciones, sólo responden 11 o 12 usuarios. Si tiene millones de seguidores, ¿por qué nadie le contesta?”.
La UIF ha expandido su supervisión a nuevas plataformas, por ejemplo, OnlyFans, una plataforma de creadores de contenido que rápidamente se volvió la preferida de quienes vendían contenido erótico a cambio de suscripciones.
“En muchos casos, nos hemos dado cuenta que las modelos ni siquiera existen. Se trata de mujeres jóvenes creadas a partir de inteligencia artificial y que engañan a los usuarios para que se suscriban a su contenido y les dejen dinero”, describe la fuente, quien agrega que “ese dinero puede provenir de un usuario incauto, pero también de los cárteles que los depositan en tarjetas no nominativas y desde ahí blanquean el efectivo. Los narcoinfuencers del porno lavan dinero frente a nuestros ojos”, aseguró.
Incluso, en algunos casos, las autoridades federales han detectado canales que están liderados por personajes que no son de carne y hueso, sino elaborados con inteligencia artificial, que copia rutinas de ejercicio y dieta para su audiencia.
Por hacerlo, como en el perfil ‘Joaquín Fit’ en YouTube, los creadores cobraban una mensualidad por las lecciones que parecía dar un hombre de carne y hueso que prometía, sin examen físico alguno, bajar hasta 20 kilos a una persona en menos de un mes. El dinero terminaba en el crimen organizado.
La presión sobre el sistema
El 15 de marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia a instituciones financieras internacionales sobre los riesgos crecientes de operar con bancos mexicanos presuntamente infiltrados por organizaciones criminales.
La medida prendió alertas en el sistema bancario mexicano, acusado de solapar a tres instituciones, lo que se interpretó como un mensaje directo desde Washington D.C., respecto de su creciente preocupación por la normalización del crimen organizado.
La advertencia abrió la puerta a investigaciones más estrictas que hoy tienen nervioso al ecosistema financiero mexicano.
Desde entonces, agencias como la Red de Control de Delitos Financieros han intensificado su escrutinio sobre las operaciones sospechosas de algunos bancos medianos y pequeños en México, señalados por permitir la apertura de cuentas fantasma o por no reportar actividades inusuales en zonas de alto riesgo como Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero.
La colaboración entre autoridades mexicanas y estadunidenses también se ha vuelto más tensa: mientras el gobierno de México asegura estar reforzando sus protocolos contra el lavado de dinero, en Washington persiste la percepción de una vigilancia laxa y una falta de voluntad política para confrontar los intereses del crimen organizado en el sector financiero.
Ese nerviosismo se ha traducido en consecuencias concretas para la banca mexicana. Diversas instituciones financieras globales han reducido su exposición al sistema bancario mexicano o han aumentado sus requisitos de cumplimiento para transferencias y operaciones internacionales.
Además, firmas de análisis financiero han comenzado a revisar la calificación de riesgo reputacional de ciertos bancos nacionales, lo cual amenaza con encarecer el acceso al financiamiento extranjero.
Mientras tanto, instituciones financieras de, al menos, 50 orígenes distintos están intentando cumplir con las obligaciones antilavado, urgidas de que expertos les ayuden a poner en orden sus finanzas para no ser acusadas de delitos financieros internacionales ligados al terrorismo.
El hecho es que se ha comenzado a pedir mayor transparencia y certificaciones de cumplimiento a las instituciones con sede en México.
Con información de Milenio
