Ciudad de México. A casi 30 años de la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, el Estado mexicano realizó este viernes un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública por el caso ocurrido en septiembre de 1996, en Guerrero.
En la ceremonia, organizada por la Secretaría de Gobernación, familiares, maestros, activistas nacionales e internacionales y funcionarios públicos coincidieron en un punto central: esta desaparición sigue impune y el Ministerio Público no ha abierto líneas de investigación ni búsqueda efectiva para dar con el paradero del maestro Goyo, como le dicen sus allegados.
El expediente, clasificado como 11.775 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona que el profesor Alvarado López participó en movimientos magisteriales democráticos y en organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca y Guerrero; hasta la fecha es reconocido por su labor comunitaria y por impulsar proyectos de educación bilingüe en comunidades indígenas guerrerenses.
El maestro Goyo desapareció el 26 de septiembre de 1996 en Chilpancingo, después de asistir a una reunión del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, pero el acecho no inició ese día.
Su esposa Norma Lorena Valdés Santos denunció varias veces la vigilancia y el acoso, pero ninguna autoridad actuó. Y tras la desaparición ella hizo el trabajo que corresponde al Ministerio Público; con sus propios medios fue atando cabos de la responsabilidad en los hechos de dos agentes federales, entonces adscritos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Hace 29 años y ocho meses, dijo en la ceremonia, las garras del Estado mexicano, amparadas en la oscuridad, apartaron de nuestras vidas a Gregorio, esposo, padre, profesor, poeta indígena, organizador de las comunidades, capaz de sembrar conciencia y abrir caminos para recuperar la patria.
“Sus ejecutores Roberto Vázquez Villanueva y Rafael Copado Balderas, elementos identificados pertenecientes al Cisen, adscritos a la Secretaría de Gobernación, han estado protegidos desde entonces”, denunció.
Esta disculpa pública es un “grito de esperanza” para exigir presentación con vida y castigo a los culpables.
“Por él y por todos los desaparecidos, ni olvido ni perdón; reconstrucción de nuestra memoria histórica para no permitir más agravios contra el derecho de la libre asociación, de reunión, de manifestación de nuestras ideas, de autodeterminación de nuestros pueblos, de una patria que verdaderamente nos pertenezca. Que la desaparición forzada deje de ser un recurso para dirimir nuestras diferencias y la tortura a la que ello nos somete deje de lacerar a nuestras familias”, manifestó.
Luego, en entrevista, dijo que “uno de los agentes” trabaja ahora en la Fiscalía General de la República”; los responsables siempre fueron protegidos y hubo un cerco de información alrededor del hecho.
No obstante, en algún momento le dijeron que tal vez se habían llevado a su esposo a las Islas Marías, pero no hubo recursos para la búsqueda – ella con tres pequeños de ocho, siete y cuatro años- pero no solo económicos sino elementos para enfrentar la fuerza del Estado, expresó.
-¿Hay esperanza de que esté vivo? -Creo que todo es posible. Espero que sí, espero que algún día nosotros sepamos la verdad. Y esté donde esté, que esté bien, con la fuerza que siempre tuvo.
Frente a la familia del profesor, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, presentó el reconocimiento y la disculpa pública.
Les dijo que su lucha no ha sido en vano y que su dignidad ha abierto camino para que el Estado corrija; reconoció el esfuerzo y valentía de esta familia. Subrayó que sigue siendo una obligación de las autoridades hacer justicia; dar con el paradero de la víctima y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia.
“Hoy, en nombre del Estado mexicano se reconoce la responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López y por ello ofrecemos una disculpa pública. El Estado falló en proteger su integridad y en prevenir los hechos; no actuó de forma inmediata para localizarlo, investigar y sancionar a las personas responsables”, manifestó.
Este acto – añadió el funcionario- es una oportunidad para reflexionar sobre el contexto en el que estos hechos ocurrieron; dijo que el periodo neoliberal fue una etapa oscura en nuestra historia reciente, marcada por políticas y decisiones que resultaron en innumerables violaciones a los derechos humanos.
Señaló que hoy se reafirma el compromiso de trabajar para que las instituciones actúen siempre bajo los principios rectores en materia de derechos humanos. En este caso, añadieron, el acuerdo de solución amistosa celebrado con la familia incluye medidas específicas que buscan reparar el daño, el acceso a la verdad y a la justicia.
Sabemos, expresó, que ninguna disculpa borra la ausencia; ninguna palabra sustituye la verdad, pero este acto es un paso necesario para honrar la memoria, y nos recuerde lo que no debe volver a ocurrir.
Previamente, Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, dijo que hasta la fecha los padrones de impunidad siguen vigentes, y las fuerzas armadas no muestran voluntad de reformarse.
“Aunque el Estado quiera darle la vuelta a la página de la guerra sucia, lo grave es que su cauda de violencia es devastadora (…) Hasta la fecha, las autoridades no muestran voluntad para juzgar a los responsables de estas atrocidades; los padrones de impunidad continúan vigentes. En nuestro país, a 18 años de la desaparición de Gregorio se consumó la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fue un crimen de Estado y una herida que sangra”.
