Guadalajara, Jal. Diputados de oposición y colectivos pidieron la renuncia inmediata del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, mientras el referido ofreció una rueda de prensa en la que anunció que se ha identificado y serán llamados a declarar 17 policías “que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”, pero evitó aceptar que se hubiera dado la orden represiva desde los mandos superiores.
Las bancadas de los partidos Morena, Hagamos, Futuro y PT exigieron la destitución de Hernández González por la actuación represora, violenta y de tortura de los policías bajo su mando en contra de manifestantes durante la protesta por el agua limpia realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
El bloque opositor pidió iniciar procesos de separación del cargo para los funcionarios responsables, investigar los abusos, garantizar la reparación del daño a las víctimas y que el Poder Judicial local deseche las imputaciones contra los detenidos en dicha manifestación, pues varios han sido vinculados a procesos y otros están libres bajo las reservas de ley.
La exigencia legislativa se suma a los reclamos de colectivos ciudadanos expresados este jueves en el Congreso del Estado, en una rueda de prensa en la que se obstaculizó el paso al recinto, pero en la que dejaron sentada su postura de que no sólo los policías que reprimieron sino quienes dictaron las órdenes sean también procesados.
Anunciaron que están en contra de la privatización del servicio de agua y que participarán en una nueva megamarcha por el agua en Jalisco, programada para el próximo domingo a las 11 horas con salida en el parque Revolución, también conocido como parque Rojo, la cual tendrá como destino palacio de gobierno.
Juan Pablo Hernández, en rueda de prensa en la que estuvo acompañado de otros mandos de la Secretaría, dijo que existe un expediente con al menos 200 videos “de diferentes ángulos” en los que se aprecia “lo que ocurrió en la manifestación el pasado 11 de octubre”.
“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos ha permitido, al día de hoy, tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”.
Sin asumir que se hubiera emitido alguna orden para iniciar la represión, culpó a los policías que estuvieron en la línea que hizo frente a los ciudadanos de “actuar de manera irresponsable”, de uso indebido de la fuerza y de lastimar la confianza ciudadana.
En tanto y aunque no lo han asumido oficialmente, se confirmó que fueron bomberos de Zapopan y de Protección Civil Jalisco quienes accionaron los chorros de agua a presión contra los manifestantes, luego que bomberos de Guadalajara se deslindó en un comunicado.
El regidor morenista de Zapopan, Mauro Lomelí, pidió abrir una investigación que haga público quiénes ordenaron “el ruin” método represivo y usó a los bomberos de ese municipio para una labor contraria a sus principios.
Uno de los bomberos de Zapopan identificado tras ver su imagen en diversos videos, incluso sonriente mientras arroja agua, es Hugo Arroyo, del cuartel central en el turno A, según informó uno de sus propios compañeros molesto también con el uso que hicieron de la corporación para reprimir a los ciudadanos.
Condenan 282 académicos represión en protesta
282 docentes e investigadores de diversas instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, ITESO, CIESAS y UNAM, entre otras, firmaron un documento para condenar “la respuesta violenta del Estado ante la movilización ciudadana por la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
Entre los firmantes están personajes como Jorge Alonso Sánchez, del CIESAS;Jaime Preciado, de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Guillermo de la Peña, del CIESAS; Benjamín Mayer Foulkes, del Colegio de San Ildefonso y el Centro Cultural Tlatelolco UNAM/Iberoamericana; Erika Loyo, de la UdeG; Maricela Portillo Sánchez, de la Iberoamericana Santa Fe o la propia Alejandra Cartagena, del ITESO.
“Un Estado democrático no debería responder con violencia desmedida ante reclamos legítimos, como el derecho al agua potable. Sin embargo (el 11 de octubre) grupos antimotines agredieron de manera desmedida y cruel a la población con gas lacrimógeno, chorros de agua, encapsulamientos, golpes y detenciones arbitrarias”, dice el pronunciamiento.
También recuerda que entre los manifestantes se encontraban adultos mayores e infancias.
Los académicos además vinculan la crisis del agua con un panorama estructural de “catástrofes sociales” en Jalisco, el cual incluye la crisis de desaparición forzada, la especulación inmobiliaria que encarece la vivienda y el impacto ambiental de los monocultivos.
