El Comité Organizador del Sistema Estatal Anticorrupción celebró su primera sesión extraordinaria del 2026 en el que realizaron un posicionamiento interinstitucional respecto a la facultad de investigar presuntos actos de corrupción en recursos emanados de las participaciones federales.
Ello luego de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado respecto a un conflicto competencial en una investigación iniciada en contra del exgobernador Javier Corral Jurado.
Dicha investigación, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por el presunto delito de peculado señala que el dinero presuntamente desviado provenía del rubro de participaciones federales.
En este sentido, se promovió un recurso jurídico en el que se solicitaba que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), petición que fue respaldada por la autoridad judicial federal.
El argumento del Tribunal Colegiado fue basado en capítulo de las asignaciones y no de las participaciones federales, aspecto que representa una confusión con implicaciones jurídicas graves como el impedimento de las instituciones estatales para investigar actos de corrupción.
