El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, anunció que, por conducto de la Fiscalía Anticorrupción capitalina, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con el intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.
En un mensaje a medios, el funcionario insistió que el intento de detención de Corral Jurado por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tuvo fines políticos.
Presentaremos una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables de esta violación flagrante a la ley”, aseguró.
Lara López aseguró además que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es un órgano autónomo y no forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía de ese estado, por lo que el intento de detener a Corral en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México fue ilegal.
Ulises Lara explicó también que pese a que la solicitud de colaboración fue presentada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua la noche del pasado 14 de agosto, “derivado de las investigaciones que hemos realizado, tuvimos conocimiento que agentes de esa institución ya realizaban, de manera irregular, labores de inteligencia e investigación en territorio de la Ciudad de México desde el lunes 12 de agosto, es decir, dos días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes”.
“Aquí cabe mencionar que la propia solicitud requiere que se autorice el ingreso de personal estatal en el período de siete días hábiles a partir de la presentación de la colaboración, es decir, a partir del día 14 de agosto, para practicar diligencias de investigación tendientes a la localización de la persona requerida para ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua se realizaron al margen de la Ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso”, continuó el funcionario.
Destacando que no sólo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona, desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración, “de todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos”.
