El Congreso del Estado exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizar la regularización, rehabilitación y funcionamiento de un hospital rural en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Chih., para lo cual se ha donado en beneficio de dicha institución de salud desde 2015, un terreno mayor a nueve hectáreas, y levantado una edificación para tal propósito.
La solicitud se extiende a la Secretaría de Salud Estatal, para que realice un diagnóstico integral con visión intercultural y derecho indígena, sobre la necesidad y posibilidades de instalación de infraestructura y servicios de salud en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, priorizando las localidades estratégicas de Cinco Llagas, Coloradas de la Virgen y Palos Muertos del municipio de Guadalupe y Calvo; y de resultar viable, establecer acciones de coordinación con las autoridades de salud del Gobierno federal a fin de construir y equipar clínicas médicas permanentes que brinden atención de calidad.
Lo anterior, luego de aprobar la proposición presentada por la diputada Edith Palma Ontiveros (MORENA), dijo que, si bien es cierto que desde las instituciones de los gobiernos federal y estatal se han implementado varias estrategias para mejorar los servicios de salud en la Sierra Tarahumara, lo cierto es que el reto aún es enorme.
Explicó que la Sierra Tarahumara sigue siendo el epicentro de la desnutrición en el estado, donde el 80% de la población de los pueblos y comunidades indígenas de la región la padece en algún grado, lo cual es una situación alarmante especialmente refiriéndose a las infancias.
Por otro lado, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, Guachochi y Guadalupe y Calvo se encuentran en el segundo y cuarto lugar respectivamente de entre los diez municipios serranos en Chihuahua con mayores índices de muerte materno-infantil, superando hasta en más de 5 puntos porcentuales la media estatal.
“Estos dos municipios, paradójicamente se encuentran dentro de los diez más poblados de la entidad, y cualquier razonamiento lógico nos llevaría a deducir que deberían tener mayor inversión presupuestal, y mejores estrategias y proyectos institucionales para la atención a la salud de sus habitantes, pero no es así; esta realidad se agrava porque no hay doctores ni enfermeras, ni nuevos hospitales, ni puesta en marcha de las clínicas abandonadas, evidenciando la exclusión histórica de la población indígena del acceso a los servicios médicos”, comentó.
Aunado a lo anterior, hoy, el edificio construido con el propósito de ser un hospital rural digno para atender a las personas de las comunidades mayormente indígenas que ahí confluyen, se encuentra en un estado lamentable; sus paredes y techos, sus puertas y ventanas y demás infraestructura está perdiéndose, mientras que el único personal, que es financiado por el municipio, consta de una enfermera; en tanto, la pequeña clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social existente desde hace cerca de cincuenta años, y la cual históricamente ha atendido las necesidades de la población, es soportada con un médico y dos enfermeras; médico que por cierto, ya hace cerca de dos meses que fue retirado de la comunidad.
