Ciudad de México. Entre notorias ausencias de ministros, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros electorales y de la Judicatura, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó este martes, en sesión solemne, su último informe de labores y con ello clausuró la etapa de los últimos 30 años del Poder Judicial de la Federación (PJF). En su discurso, denunció calumnias, desinformación y agresiones, pero defendió que, pese a todo, la justicia se impartió.
“Durante los últimos dos años y medio la judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”, dijo en el Salón de Plenos de la Corte.
Piña Hernández, quien junto a la mayoría de ministros se opuso a la reforma judicial que los obligará a dejar el cargo el 31 de agosto próximo, defendió que el Poder Judicial “nunca (optó) a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad”. Recordó que la independencia judicial no es un título, sino un principio que se ejerce.
Su discurso se prolongó casi una hora, centrado en destacar los resultados de su gestión (enero de 2023 a agosto de 2025), que calificó como inéditos en materia de fortalecimiento jurisdiccional, combate a la corrupción, transparencia y reingeniería administrativa, incluyendo un uso eficiente del gasto público.
Al término, fue arropada y fuertemente aplaudida por ministros en retiro como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales y Margarita Luna Ramos, así como por dos consejeros de la Judicatura Federal (José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez) y personal de la Corte.
Las ausencias resultaron evidentes: no acudieron la ministra Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa ni Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; tampoco la mayoría del CJF —Celia Maya García, Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez— ni los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, tradicionalmente invitados a estos actos.
Durante la sesión solemne también se rindieron los informes de los presidentes de salas de la Corte —órganos que desaparecerán el 1 de septiembre— sobre los últimos ocho meses de trabajo. El ministro Javier Laynez, de la Segunda Sala, expuso que recibieron 767 asuntos en total, y a la par exhibió que el mayor número de asuntos pendientes quedó a cargo de la ministra Batres.
“Eso significa que estamos regresando a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes: cinco del ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro los asuntos míos, dos asuntos de la ministra Yasmin Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres. Insisto, estos 47 son los que se turnan como pendientes para que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su nueva integración quien se encargue de resolverlos”, dijo.
En su balance de la Primera Sala, la ministra Loretta Ortiz reportó la resolución de más de mil 200 asuntos entre enero y agosto de 2025, con la publicación de 1,187 sentencias, 307 tesis y 252 jurisprudencias. Reconoció al personal judicial y llamó a garantizar justicia pronta, clara y accesible para los sectores marginados.
Al concluir, lanzó una frase interpretada como respuesta a la presidenta Piña, quien una semana antes había señalado que sería la historia la que juzgaría a los ministros salientes a través de sus sentencias:
“La historia no nos juzgará en el futuro, sino en cada decisión que hoy transforma la vida de quienes buscan ser escuchados”, afirmó.
