La exigencia de justicia retumbó de nueva cuenta en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco, fue la voz de las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia “perpetrada por el Estado mexicano” entre 1965 y 1990, tras la presentación del informe final respecto a estas graves violaciones a derechos humanos que presentaron los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad.
Frente a decenas de víctimas y sus familiares, como Tita Radilla, Alicia de los Ríos y algunos miembros de la familia Cabañas, Abel Barrera señaló que el contenido de esta colección del informe, que consta de seis volúmenes, no son simples palabras, “son historias, vidas, sangre”.
Antes, los asistentes guardaron un minuto de silencio por quienes sufrieron atrocidades como la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, así como por quienes fallecieron por la exigencia por verdad y justicia.
Pérez Ricart detalló los hallazgos: la documentación de 8 mil 594 víctimas, así como 11 mil 743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123 mil 034 personas desplazadas forzadamente.
“Esta es sólo una parte del informe final del mecanismo, que de ninguna manera cierra la investigación de la verdad y la justicia, que seguirá y tiene que seguir en el futuro”, aseguró por su parte Fernández Dávalos.
Indicó que la investigación arrojó que “el Estado fue el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que estamos documentando”, y que “fue el que instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos”.
Lo anterior, confirma que “no fue una casualidad, que no fueron algunas manzanas podridas, como se dice ahora del Ejército; sino que había un plan realmente y la estructuración de un Estado para cometer estas violaciones, para atacar de manera sistemática a distintas disidencias”.
Pérez Ricart también se refirió a los obstáculos que enfrentaron para acceder a los archivos de inteligencia. “Nuestros investigadores de manera valiente documentaron cómo, probablemente y casi con toda seguridad, antes del 2018 el Cisen purgó, sacó documento del Archivo General de la Nación y aquí mostramos evidencia de ese saqueo, que no me equivoco en llamarlo un saqueo a la Nación y a la historia de México”.
Señaló que “es falso que la Sedena haya abiertos sus archivos, se las cerraron al MEH. Fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos”.
En la presentación, los integrantes del MEH expusieron algunas de las más de un centenar de recomendaciones que dejan para responder y dar continuidad al trabajo que realizaron en poco más de dos años. Entre ellas que el presidente ofrezca una disculpa pública y reconozca la responsabilidad del Estado en estas violencias perpetradas entre 1965 y 1990.
También, la creación de un Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos, el cambio de nomenclatura de espacios públicos y vialidades, la conformación de comisiones de la verdad en el ámbito local y para periodos posteriores.
Igualmente, que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), para conformar un nuevo organismo de atención, ya “en su estado actual no sirve, no funciona”. Consideró que ello es “un problema estructural, no de quién es la directora”.
La presentación emotiva estuvo acompañada en algunos momentos por consignas exclamadas por los asistentes: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡Por el amor a México No repetición! y ¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!”.
El representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, Jesús Peña, alentó a las próximas autoridades “a reforzar el compromiso y su alianza con las víctimas. Solo una voluntad infranqueable permitirá que el esfuerzo no haya sido en vano, y que sea la frustración y la desesperanza que embarga a las víctimas y sobrevivientes la que desaparezca”.
