La conmemoración por el 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 propició diferencias respecto a la división de poderes y la importancia de los contrapesos entre los integrantes del presidium en la capital de Querétaro.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, de quien Morena pide juicio político al declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, aseveró que ninguno de los poderes está por encima de la Constitución mexicana. Y «aunque no siempre se quiera atender así», defender la Constitución es «defender al pueblo».
En representación de la ministra presidenta, Norma Piña; Pérez Dayán recordó que desde la promulgación de la Carta Magna de 1917 se afirmó que la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político.
“Hay que alejar el Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Militancia y judicatura no son afines”, puntualizó.
En contraste, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, afirmó que las iniciativas de reformas constitucionales que presentará esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representan devolver el humanismo a la Constitución que fue alcanzada por el neoliberalismo en otras administraciones.
“Hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos,llegaron las privatizaciones y se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones y se trastocó así el sentido social de la Constitución”, apuntó.
Por ello, subrayó que las iniciativas que propondrá el mandatario nacional son el camino para regresar al pacto social que incluye el humanismo mexicano y la salvaguarda de los derechos sociales y el bienestar social.
Apuntó que se busca devolverle el sentido al artículo 39 constitucional, que establece que “todo poder público dimana del pueblo”.
En ese mismo sentido se pronunció Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, al señalar que actualmente la Constitución de 1917 sigue siendo una brújula moral, pese a que durante más 30 años se le despojó de sus principios a través de reformas estructurales.
Por el contrario, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, aseguró que todos los mexicanos están llamados a garantizar la república representativa, democrática y laica y dar plenitud a la división de contrapesos entre los poderes y del papel que juegan las instituciones autónomas.
“Es necesario un presidencialismo acotado que conjure e impida el riesgo de una exacerbación autoritaria y la imperiosa necesidad de fomentar el federalismo y evitar los intentos centralistas que siempre están al acecho”, resaltó.
