La criminalización de defensores de derechos humanos y la militarización de los territorios indígenas persisten como una gran problemática en el país, concluyó este viernes la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México tras una visita de varios días al centro y sureste del país.
“Se han identificado varios patrones de agresiones, criminalización y estigmatización que no solo no han parado sino que se han estado intensificando en el último año, sumado a la falta de análisis de riesgos y medidas efectivas por parte de las entidades encargadas de garantizar su seguridad y la labor de defensa de derechos humanos”, señaló Diana Riva, integrante del Parlamento Europeo y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.
Organizaciones que forman parte de la ‘Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea‘ realizaron una visita en las zonas central y sureste de México entre el viernes y el jueves pasado, en la que dialogaron con autoridades federales sobre protección a defensores y periodistas.
En esta visita se encontraron con casos como el de Pascuala López, defensora de la tierra y territorio su comunidad en Chiapas, donde tras el asesinato de su hijo comenzó una lucha en búsqueda de justicia y reparación.
“Nos preocupa, además, de sobremanera el caso de Pascuala como el de muchas otras personas defensoras en México en contextos comunitarios porque el daño y el riesgo continúa y es permanente”, señaló Víctor Hugo López, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT).
En Chiapas, especialmente, documentaron los casos de personas injustamente privadas de su libertad y sobrevivientes de tortura que luchan por obtener justicia.
“En el estado de Chiapas el sistema judicial falla en su responsabilidad de impartir justicia y en este sentido esos fallos generan lo que ellos llaman una ‘fábrica de culpables’, pues los penales están llenos de personas inocentes privadas de su libertad”, argumentó Pablo Ramírez de la organización Taula per Mèxic.
En cuanto a la militarización, Ramírez precisó “se observaron casos como el del Pueblo Creyente de Chicomuselo y el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) en donde existen procesos de militarización vinculados a la imposición industrial”, dijo.
Las organizaciones también documentaron el caso de la activista Kenia Hernández, indígena recluida desde hace tres años en un penal de máxima seguridad en el central Morelos porque, según un juez, “protestaba mucho y era un daño y un peligro para la comunidad”.
De acuerdo con Aurora de la Riva, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Hernández ha sido víctima de discriminación en el penal, al negarle el acceso a amistades y familiares para su visita.
“También se ha puesto en peligro la integridad de Kenia en distintas ocasiones en temas de salud”, denunció.
Ante ello, las organizaciones pidieron adoptar acciones coordinadas en los diferentes niveles de gobierno para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
Asimismo, garantizar el debido proceso a defensores detenidos e implementar estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
