Seis organizaciones empresariales manifestaron este jueves su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
El posicionamiento fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Cdmx), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En su comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que esta propuesta vulnera el derecho de propiedad y se pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
Los organismos expresaron que legalizar la ocupación de viviendas sin escrituración y a precios subsidiados equivaldría a normalizar las invasiones, lo cual “institucionaliza la ilegalidad” y desvirtúa el mandato legal del Infonavit.
Según los empresarios, el Instituto no puede transferir viviendas que no le pertenecen legalmente ni beneficiar a personas que no tienen relación jurídica con la institución.
Indicaron que el 86 % de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar —de un total estimado de 843 mil— están ocupadas por personas sin vínculo con los propietarios legítimos, lo que representa un riesgo para los fondos de los trabajadores.
Durante la conferencia matutina del 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”.
Aunque las organizaciones reconocieron la postura de Sheinbaum de aclarar “malas interpretaciones”, pidieron que se traduzca en acciones concretas por parte de las autoridades mexicanas.
Los firmantes alertaron también sobre la crisis financiera que enfrenta el Instituto desde 2015, pues el índice de morosidad pasó del 7,8 % en 2018 a más del 18 % en 2024.
Añadieron que, si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera asciende al 32 %, lo que significa que uno de cada tres créditos presenta algún incumplimiento.
“La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit”, afirmaron.
Además, sostuvieron que “esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país”.
También destacaron que el Instituto carece de atribuciones legales para entregar créditos, rentas o escrituras a personas no afiliadas, y que dicha función corresponde a otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de vivienda (Conavi).
Por ello, solicitaron a la Asamblea del Infonavit frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones ilegales, así como a todos los impulsores de estos cambios.
“México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, concluyeron.
