La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha determinado que militares y policías estatales de Zacatecas incurrieron en el uso ilegítimo de la fuerza letal al privar de la vida a 14 civiles que, según la investigación, ya se encontraban rendidos o desarmados tras un enfrentamiento ocurrido el 12 de octubre de 2020 en la comunidad Nueva Alianza, municipio de Calera.
Esta conclusión se desprende de la recomendación 195VG/2025, emitida tras casi cinco años de indagatorias, en la que el organismo señala graves violaciones a los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica. La versión oficial presentada por las autoridades estatales sostenía que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento iniciado cuando ocho policías estatales fueron atacados a balazos por aproximadamente 15 civiles que descendieron de tres vehículos en la calle Francisco I. Madero.
En ese primer intercambio, tres agentes resultaron heridos y solicitaron refuerzos. Al lugar acudieron cinco policías estatales y cinco militares, quienes hallaron a un civil muerto y detuvieron a otro lesionado. Según los uniformados, los agresores huyeron hacia una zona despoblada al sur de la localidad, donde se habría producido un segundo enfrentamiento de 30 minutos que dejó 12 hombres muertos, todos con vestimenta tipo militar y armados.
No obstante, la CNDH identificó inconsistencias al comparar la información oficial con los resultados de 14 necropsias y los dictámenes de procesamiento de tres lugares de intervención, elaborados por peritos de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas y por personal de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas (CECyT) del propio organismo.
El análisis forense y criminalístico determinó que se aplicó una fuerza letal arbitraria e ilegal, ya que siete de las víctimas presentaban contusiones previas a la muerte, doce tenían heridas de bala en el cráneo y las dos restantes en tórax y abdomen. El dictamen de la CNDH subraya que en ocho casos el trayecto de los proyectiles evidenciaba que las víctimas estaban de espaldas a los agentes de seguridad, lo que contradice la hipótesis de un tiroteo prolongado.
Además, en el caso de la denominada víctima 14, se estableció que se encontraba en un plano inferior y de frente al agresor, con una herida en la palma de la mano izquierda que, según los peritos, corresponde a maniobras de protección o defensa. Este cuerpo fue hallado en un tercer lugar, cerca del sitio del enfrentamiento, sin vestimenta militar, sin arma de fuego ni casquillos percutidos en la zona.
El hermano de esta víctima declaró ante la Fiscalía que el fallecido llevaba tres años trabajando en el lugar, cuidando animales y realizando tareas de mantenimiento, testimonio que fue corroborado por otro habitante durante la visita de la CNDH a la comunidad.
En la recomendación, el organismo destaca que en el primer lugar de intervención sí se halló una zona de casquillos percutidos, pero no en el segundo ni en el tercero, donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento de media hora.
Según la opinión criminalística, esta ausencia podría deberse a que el sitio fue alterado por policías y militares antes de la llegada de los peritos, a que las 12 víctimas no dispararon ninguna de las nueve armas largas que portaban, o a que los servidores públicos retiraron los elementos balísticos tras los hechos.
Finalmente, la Comisión determinó que los civiles armados ubicados en el segundo lugar de intervención se rindieron o fueron desarmados, para después ser golpeados y finalmente ejecutados.
Ante estos hechos, la Comisión anunció la presentación de denuncias administrativas ante los órganos internos de control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes. Además, la recomendación será incorporada a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
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El organismo también instruyó a la Defensa y a la SSP Zacatecas a colaborar en la inscripción de las 15 personas y sus familias en el Registro Nacional de Víctimas, para que reciban una reparación integral del daño, incluyendo una compensación justa. Asimismo, deberán coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proporcionar atención psicológica y tanatológica a los familiares.
Finalmente, la CNDH ordenó que los agentes de la Policía estatal y los integrantes del 52 Batallón de Infantería reciban capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza, e implementen medidas para evitar la repetición de violaciones similares.
