CIBanco aseguró el martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que mantiene sus operaciones fiduciarias con normalidad y que no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses.
Esto, a pesar de la intervención decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó de la transmisión temporal del negocio fiduciario de CIBanco a entidades de la banca de desarrollo, para garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que administra.
En un evento relevante, CIBanco señaló el martes que “no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.
Por ello, “no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación de fedatarios públicos en la instrumentación de las transacciones”.
Detalló que se encuentra bajo la “administración cautelar de Alvarez & Marsal México, S.C.”, designada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La intervención fue consecuencia de una orden emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en la que se señaló a CIBanco, junto con otras dos instituciones mexicanas, como entidad de “preocupación principal de lavado de dinero”.
La FinCEN afirmó que tanto CIBanco como Intercam y Vector facilitaron durante años el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, además de permitir pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
A pesar de este señalamiento, CIBanco reiteró que “las operaciones fiduciarias se seguirán desarrollando de manera regular y conforme a los términos pactados en los respectivos documentos de cada emisión, así como en apego a la normatividad vigente”.
La institución subrayó que “el objetivo fundamental de la intervención es preservar la estabilidad y el curso ordinario de las operaciones de la Institución, protegiendo en todo momento los intereses de los clientes y del público en general”.
Además, afirmó que hasta el momento “no se han identificado elementos que comprometan la operación ni la actuación de esta Institución en el corto plazo; por lo que no se han visto afectadas las funciones que desempeña como fiduciario”.
En cuanto al estado legal de las facultades delegadas, el comunicado explicó que “los delegados fiduciarios asignados a sus negocios continúan contando con las facultades necesarias para la ejecución de actos relacionados con sus emisiones”, y aclaró que estos poderes “no han sido revocados, limitados, ni se consideran cancelados por el solo hecho del inicio de la intervención”.
