La liberación de ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, es una muestra de que el caso “va en un franco retroceso”, en el que “todas las instituciones del Estado mexicano han puesto de su parte para debilitar la investigación” y que ésta se encuentre totalmente estancada, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los jóvenes.
Al cumplirse hoy 112 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, los familiares de los normalistas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en donde expresaron su molestia y fijaron su posición sobre la libertad condicional que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Toluca, estado de México, otorgó a los militares.
Entrevistado durante la movilización, Rosales esgrimió las razones por las que consideran que cada una de las instituciones han desempeñado acciones para que las investigaciones se encuentren estancadas.
Por un lado, apuntó, el Presidente de la República “se ha empeñado en descalificar” a los asesores jurídicos y a los grupos que coadyuvan de manera internacional, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Mientras que el Ejército mexicano lo hace “litigando y torpedeando” la investigación a través de la defensa que está haciendo a favor de los ocho militares, sobre quienes “hay prueba objetiva de su responsabilidad y de la colusión que tenía con el grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Agregó que por otro lado, la Fiscalía General de la República “hizo un trabajo débil, una argumentación poco contundente, poco sólida con pocas pruebas” que aportó al proceso para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva.
La responsabilidad en el Poder Judicial, ahondó, recae porque de oficio pudo haber dictado la medida cautelar de prisión preventiva pero no lo hizo.
Ante este contexto, los padres y madres reiteraron su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reúna con ellos, pues dijeron que en la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia (COVAJ) -que sesionó hoy- “no se ha trazado ninguna ruta de trabajo” sobre sus demandas de que el Ejército entregue los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que revise los documentos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, “lo que hace es solamente llevar a la mesa de la COVAJ lo que el Presidente dice en las mañaneras. Entonces no tiene sentido seguir en la mesa con él, lo importante sería tener la reunión con el Presidente para que con él los padres puedan dialogar estos temas”, sostuvo Rosales.
