Dentro de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, externó su preocupación por la gran cantidad de pozos ilegales agrícolas que ha detectado en una investigación de la base de datos de la Comisión Nacional del Agua, que en una segunda etapa realizarán una inspección de campo para comprobar que lo que existe en los documentos sea lo mismo que en tierra.
Su declaración fue respuesta a un cuestionamiento por las afectaciones que provocan la autorización de construcción de fraccionamientos en zonas donde no existe suficiente agua, a lo que la presidenta fue clara al contestar que en Chihuahua existen otros temas relacionados con el agua, no solamente en las zonas urbanas.
En ese sentido dijo que la Comisión Nacional del Agua ha hecho investigaciones a través de la base de datos de las concesiones se han encontrado irregularidades, y se tendrá que revisar en territorio para que se clausure o se llama el diálogo para decir como se va a resolver, pero en Chihuahua no tiene permisos para la zona agrícola.
“Ahí lo que hay que hacer es trabajar con quien tiene esos pozos, ver si son necesarios o no son necesarios pero que en todo caso se regularice y aquello que no, se evite la explotación del agua de manera ilegal.
Como antecedente de esta investigación que hace el Gobierno Federal actual, la Comisión Federal de Electricidad en marzo de 2024, realizó la clausura de 876 pozos clandestinos en campos agrícolas de Juárez, Parral, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc que robaban electricidad.
Pero la problemática de los pozos perforados con permisos presuntamente apócrifos, vienen desde el 2013, cuando la administración de Enrique Peña Nieto, asignó como delegado de la CONAGUA a Alex LeBarón y a la ahora diputada por Morena, Brenda Ríos como delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los mismos productores agrícolas del Ejido Constitución del municipio de Buenaventura, denunciaron en su tiempo que los acuíferos subterráneos perforados en esta zona están en veda desde 1957, pero la comunidad mormona de los LeBarón perforó ilícitamente 10 pozos en el rancho La Mojina, para sembrar nogales, lo que ocasionó protestas de sus vecinos y un conflicto donde incluso salieron a relucir las armas.
Según la denuncia de los ejidatarios, en 2014 obtuvieron permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero ese mismo organismo y miembros de la organización campesina El Barzón confirmaron que nueve de los 10 pozos de La Mojina son irregulares, pese a lo cual no se ha procedido contra los responsables.
Víctor Quintana y Martín Solís, activistas que apoyan a organizaciones de labriegos desde hace más de 15 años, denunciaron que existen actualmente 2 mil pozos que operan sin permisos y 5 mil más en lo que se llamó “zona de libre alumbramiento”, donde está prohibido perforar desde 2013 por un decreto del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En esta investigación el mismo Mario Mata, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), dijo a su vez que en la entidad hay unos 16 mil pozos irregulares para extraer agua de uso agrícola, cantidad similar a los que están en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
