Sólo la transparencia puede evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados; sólo la transparencia puede exhibir la ausencia de tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo del máximo tribunal del país, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Al presentar su «ejercicio de rendición de cuentas» correspondiente al primer cuatrimestre de labores 2024 en la SCJN, sostuvo que «es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación (PJF). Es necesario que esta Corte se democratice».
Batres Guadarrama señaló que esta reforma se debe realizar para que la Corte «tenga contrapesos que eviten que incurren excesos; que al resolver los asuntos a su cargo se comprometa con la solución de las injusticias cotidianas de las personas en lo individual o colectivamente, que se comprometa con el resguardo de nuestras soberanía y de nuestros bienes nacionales».
Ante diputados, senadores, representantes de organizaciones sociales, así como integrantes del PJF, como la consejera Celia Maya García, a quien Batres Guadarrama expresó su solidaridad por el trabajo que desarrolla en la Judicatura Federal, lo anterior luego de que en días pasados por votación de cuatro votos contra tres se impidió que se aprobara una reforma que quita a la Comisión de Adscripciones, la facultad de decidir libremente la designación de los juzgados y tribunales que deben ocupar jueces y magistrados.
Durante el acto realizado en la sede de la SCJN, Lenia Batres informó que en cumplimiento a su compromiso de austeridad habrá devuelto en total al 15 de abril próximo, que se cumplen los cuatro meses a los que corresponde este informe, un millón 198 mil 363 pesos, que se integran por los ingresos que se pagan en la Corte a los ministros y que superan el salario del presidente y prestaciones que se integran por seguros de gastos médicos, seguro de vida y recursos para gastos mensuales.
Refirió que el máximo tribunal del país ha llevado a cabo una anulación de leyes argumentando una supuesta falta de cumplimiento al «proceso legislativo”, lo que que «lacera la democracia y el equilibrio de poderes de nuestro país».
Explicó que «en la historia de las acciones de inconstitucionalidad, vigentes desde 1995, esta Corte ha emitido mil 325 sentencias, en 100 de cuyos casos se han invalidado leyes. Hice ver al pleno de este máximo tribunal que 74 de ese centenar de sentencias se resolvieron en los últimos cinco años, de 2018 a la fecha, mientras que las 26 restantes se anularon a lo largo de 22 años.
«Otro criterio que ha llevado a este alto volumen de legislación invalidada tiene que ver con el establecimiento de un concepto de democracia que no se encuentra en nuestra Constitución. Se trata de la “democracia deliberativa”, a la cual esta Corte ha dotado de parámetros de cumplimiento obligatorio por los poderes legislativos del país. Estos parámetros son: a) el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas, en condiciones de libertad e igualdad; la correcta aplicación de reglas de votación, y la deliberación parlamentaria y votación públicas.
«Bajo estos parámetros, la Corte invalida y los juzgados de distrito de todo el país inaplican leyes cuya deliberación no se realizó conforme a estos criterios, absolutamente arbitrarios. Tanto que cuando se resuelve se indica si para el o la juzgadora el proceso legislativo contiene o no potencial invalidante».
Pues, añadió, el resultado es que la Corte ha terminado imponiendo las reglas de funcionamiento de los congresos de los estados y de la Federación a tal grado que le ha ordenado que mayorías y minorías deben funcionar “en condiciones de igualdad”, con lo que se descalifica la principal cualidad que debe sostener una democracia que es la preeminencia de la mayoría.
