La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, rechazó que el no ser ratificada en el cargo sea derrota, debido a que pudo extender su mandato por cuatro años, pero no cedió a liberar a políticos del PAN y PRI vinculados con casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y explotación sexual, respectivamente.
“No negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a líderes del PRI y el PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y con delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto.
“De haber cedido abríamos logrado extender nuestro periodo, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias de quienes usaron la función pública para actuar contra los ciudadanos”, afirmó.
Durante su último informe de labores, ante la presencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reiteró que “ninguna ratificación vale la pena si ello significa negociar la justicia, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación”.
Dicha minoría, argumentó, se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos, le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios, es una minoría que defiende corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política.
Señaló que, esencialmente los une su defensa de la impunidad como un privilegio para la clase política y sabíamos a quienes nos enfrentábamos, por ello era indispensable dar esta batalla porque la procuración de justicia es una asunto de la mayor trascendencia social y la gente debe saber quién está de cada lado.
“Me sometí a un proceso de ratificación con conocimiento de que existía un veto en contra de mi persona, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política para dirigir y, por eso me honra mucho el respaldo de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México, pues el 62 por ciento de sus integrantes se pusieron de lado de la justicia”, manifestó.
