La sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue tomada como parte de una manifestación de trabajadores y familias de ferrocarrileros que exigen el pago de pensiones para jubilados, así como liquidaciones pendientes de realizarse.
María Elena Antillón, una de las manifestantes indicó que existe una red de corrupción que ha impedido que familias de ferrocarrileros tengan acceso a pagos que por derecho les corresponde con más de 12 mil afectados a nivel nacional y 700 en el Estado.
Reclamó a la titular de la Junta Federal de Conciliación, Armida Molina la falta de ética al no responder por los pagos de pensiones y liquidaciones, engañando a las personas afectadas y haciendo desprecios a quienes piden que los atienda en su despacho.
Recordó que el pasado 20 de noviembre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para reactivar la red ferrocarrilera en el país.
Agregó que existe una red de corrupción que abarca tanto a la Junta Federal de Conciliación como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los Sindicatos, el Poder Judicial y las instituciones bancarias.
