El alcalde Marco Bonilla este lunes se pronunció en contra de la Ley de Telecomunicaciones. Dijo se le está dando el poder a una sola persona en este país para que sin orden judicial pueda tener acceso a la geolocalización en tiempo real de cada uno de nosotros, le puede obligar a esta persona a cualquier empresa de telecomunicación que obligatoriamente pase la geolocalización desde nuestro teléfono celular. Estamos viviendo un fenómeno como el que está viviendo Cuba o Venezuela.
El mandatario explicó que las reformas abarcan al menos cuatro leyes: la Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, entre otras.
Cuestionó el proceso legislativo, al señalar que los dictámenes de más de 150 páginas cada uno fueron aprobados en menos de 12 horas, sin un análisis profundo ni discusión pública. “Estamos hablando de aproximadamente 650 fojas que se aprobaron de madrugada, sin transparencia”.
Explicó los puntos más delicados, destacó el artículo 91 de la Ley General de Población, que obligaría a los ciudadanos a presentar su CURP para acceder a cualquier servicio público o privado. Esta CURP incluiría fotografía y huellas dactilares, convirtiéndose en una identificación oficial biométrica.
“El Gobierno Federal tendría acceso a toda tu información dactilar, tu fotografía, tu CURP y tus datos biométricos”.
En segundo lugar, señaló el artículo 8, fracción III de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitiría al gobierno acceder sin orden judicial a registros vehiculares, inmobiliarios, fiscales, de armas de fuego y comerciales. Bonilla subrayó que esta disposición, combinada con la recolección de datos biométricos, representa una “trampa legal” que vulnera la privacidad de los ciudadanos.
El tercer punto crítico es el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones, que otorga a una sola persona la facultad de ordenar a las empresas de telecomunicaciones la entrega de la geolocalización en tiempo real de cualquier ciudadano, sin necesidad de una orden judicial. “Esto no es seguridad, es vigilancia arbitraria”, recalcó Bonilla, quien comparó esta medida con prácticas de regímenes autoritarios como Cuba o Venezuela.
Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, alzar la voz y rechazar lo que calificó como un intento de control estatal sin precedentes.
