Organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales de Chihuahua lamentamos profundamente que la comisión de selección que designó el pasado domingo 21 de abril al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), no haya incluido a un perfil de la sociedad civil para sumarse a tan importante organismo.
Es fundamental señalar que la primera comisión de selección, conformada por el Congreso del Estado en el año 2018, momento en que se creó el CPC, había designado, mayormente, a personas ajenas al servicio público y de diversas zonas del estado, privilegiando la pluralidad y sin vulnerar la naturaleza del mismo Comité.
Sin embargo, al ser electa por el Congreso del Estado la segunda comisión de selección, en el año 2021, los integrantes de la misma designaron en cuatro ocasiones a personas que laboran en los organismos o dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, y que no están vinculadas con la sociedad civil, lo que consideramos un desacierto que pone en riesgo la verdadera inclusión de los ciudadanos en órganos evidentemente ciudadanos.
Quienes signamos este posicionamiento consideramos que esta situación desnaturaliza la esencia del CPC, pues una de sus principales funciones es la vinculación con las organizaciones sociales.
Asimismo, creemos que la reciente designación del nuevo integrante del CPC sigue un patrón que se presta a posibles presiones e intereses ajenos a los fines para los cuales fue creado el Comité.
Ante tal situación, nuestras organizaciones y organismos vigilarán el actuar de los integrantes del CPC, sin distingo alguno, así como del Sistema Estatal Anticorrupción, que vale decirlo, avanza lento pues, apenas en 2023 se aprobó la política anticorrupción para el estado de Chihuahua y no ha sido aplicada satisfactoriamente en beneficio de la sociedad.