Con el objetivo de frenar las redes de complicidad que permiten a los deudores alimentarios evadir su responsabilidad, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y tipificar como delito el encubrimiento patrimonial cometido por terceros.
La propuesta busca cerrar un vacío legal que ha facilitado la impunidad de quienes, de forma dolosa y consciente, ayudan al deudor a ocultar bienes, transferir propiedades o simular ingresos con tal de no cumplir con una resolución judicial en materia alimentaria.
“Esta colaboración muchas veces dolosa y premeditada, permite al deudor alimentario burlar resoluciones judiciales mediante el ocultamiento de bienes o ingresos”, advierte Ortega Máynez en la exposición de motivos.
La legisladora subrayó que estas prácticas, comúnmente realizadas por familiares o parejas del deudor, constituyen una forma grave de violencia económica que afecta de manera directa a niñas, niños y personas en situación de dependencia. La iniciativa propone adicionar el artículo 191 BIS al Título Séptimo del Código Penal, incorporando penas de prisión y sanciones económicas a quienes encubran activamente la evasión.
Datos del INEGI revelan que más del 60% de las mujeres en Chihuahua con hijos que no viven con el padre no reciben pensión alimenticia, y que más del 70% de las que inician procesos judiciales enfrentan evasiones sistemáticas del deudor.
La legisladora expresó que “Desde la perspectiva del interés superior de la niñez, el Estado tiene el deber jurídico, político y moral de garantizar el cumplimiento real y no solo formal del derecho a los alimentos».
Leticia Ortega afirmó que esta reforma no criminaliza a personas de buena fe, sino que sanciona de manera proporcional a quienes actúan con dolo, simulación y complicidad para perjudicar directamente a las víctimas. Además, destacó que otras legislaciones en países como España, Canadá o Estados Unidos ya contemplan este tipo de delitos, lo cual refuerza la pertinencia de su propuesta.
Con esta iniciativa, Ortega Máynez busca brindar al Ministerio Público y al Poder Judicial herramientas claras para combatir el fraude alimentario y enviar un mensaje contundente: la ley debe proteger a las víctimas, no a quienes se esconden tras vacíos legales para evitar su responsabilidad.
