Las diputadas federales del PAN, Carmen Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, alertaron que, con la aprobación de 22 reformas impulsadas por el oficialismo durante el reciente periodo extraordinario, se consolida un modelo autoritario que erosiona la democracia, elimina contrapesos y vulnera los derechos humanos, particularmente el derecho a la privacidad.
En conferencia de prensa, junto con la dirigente estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, González Alonso advirtió que, con estas reformas, el gobierno federal tendrá facultades para intervenir comunicaciones privadas sin control judicial.
“Todos los celulares podrán ser intervenidos por el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades de seguridad pública. Nos han puesto entre la espada y la pared: seguridad o privacidad”, expresó.
Criticó también la aprobación de la CURP biométrica, advirtiendo que, aunque se anuncia como opcional, la ley presenta contradicciones y puede derivar en el uso discrecional de datos personales.
“Todo está diseñado para tener el control. El gobierno no fortaleció instituciones, prefirió el espionaje”, subrayó.
Las legisladoras señalaron que el oficialismo eliminó prácticamente todos los organismos autónomos, suprimió los contrapesos para centralizar el poder, lo que representa una grave amenaza a la democracia, además de que todos los jueces, magistrados y ministros estarán bajo el control del Gobierno federal.
“Este quiere ser un gobierno que todo lo ve, que todo lo oye, como un Gran Hermano. Dónde estamos, qué hacemos, qué compramos. Una invasión total a la privacidad”, enfatizaron.
La diputada Granados Trespalacios expuso que el periodo extraordinario, que se extendió del 23 de junio al 2 de julio, estuvo marcado por una agenda oficialista orientada a concentrar el poder, vigilar a la ciudadanía y eliminar todo equilibrio democrático.
Entre las reformas más preocupantes, destacó:
*Ley de Información Pública y Privada: concentra el control en una sola agencia a cargo de la Presidencia de la República.
- CURP biométrica: otorga amplias facultades de vigilancia a Gobernación, Seguridad Pública, Ejército y Guardia Nacional.
*Reforma a la Ley de Telecomunicaciones: elimina al IFT, habilita la geolocalización sin control y limita contenidos con fines políticos. - Ley de Inteligenciaen Seguridad Pública: permite el uso discrecional de datos personales, sin controles judiciales.
- Reforma en materia de lavado de dinero: abre la puerta a la vigilancia invasiva y posible persecución política.
- Ley de la Guardia Nacional: entrega a la Sedena el control total de la seguridad pública, permitiendo operaciones encubiertas sin supervisión.
- Ley General del Sistema de Seguridad Pública: promueve un mando único que invade atribuciones estatales y municipales.
“El presupuesto del próximo año también reflejará este modelo: más recursos a programas sociales usados electoralmente y menos a salud, energía e infraestructura, afectando en gran medida al federalismo”, advirtió González Alonso.
Finalmente, ambas legisladoras refrendaron el compromiso del PAN para seguir denunciando los abusos del poder, defender las libertades ciudadanas y proteger los derechos humanos.
“Quienes nos oponemos a ser vigilados, censurados y controlados, ahora seremos vigilados. Pero no nos vamos a callar”, sentenciaron.
